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Ortega prohíbe que 56 nicaragüenses ingresen a su propio país en los últimos meses



La Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) publicó recientemente su informe mensual sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua correspondiente al mes de septiembre.


En el informe aseguran que han documentado patrones sistemáticos de violaciones, por parte del Estado de Nicaragua, en particular al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país , tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes.

"Estos patrones se han acentuado en 2023", se lee en el informe.


El organismo asegura que las acciones del gobierno van desde:


  • La prohibición de ingreso al país de sus nacionales.

  • La denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de éstos, al querer salir de Nicaragua.

  • La no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin motivación ni posibilidad de interponer recursos.

  • La prohibición de salida del país de nicaragüenses.

  • Deportación de nacionales y extranjeros a otros países, sin el debido proceso administrativo ni la posibilidad de interponer recursos.

  • La prohibición de ingreso al país de sus nacionales.

  • La negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado.


La OACNUDH revela que desde el 1ro de enero al 31 de agosto del año en curso han documentado 56 personas, 31 hombres y 25 mujeres incluyendo 8 menores de edad que se les ha prohibido su ingreso a Nicaragua (su propio país).


Dentro de los casos de prohibición de ingreso al país de nacionales nicaragüenses, se encuentran familiares de las 316 personas desnacionalizadas y deportadas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles, entre otros.

Entre los casos de deportaciones de nacionales, además de las 222 personas expulsadas el 9 de febrero, se han documentado casos familiares de personas consideradas de oposición y personas que tuvieron alguna participación en los eventos de 2018. La Oficina ha documentado cinco casos de prohibición de salida del país.

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