Estado de Nicaragua ha “institucionalizado” la represión contra los Organismos no gubernamentales

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Durante la conferencia de prensa denominado Expediente ONG Nicaragua que fue convocada por la red local, Fundación del Río, El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Popol Na, se presentó el hallazgo del análisis de los expedientes sobre la situación de la libertad de asociación en Nicaragua.

En esta investigación se analizaron 9 organizaciones que fueron cerradas por el gobierno de Nicaragua, de las cuales 8 son nacionales y una extranjera. Del estudio se observó que estas organizaciones contribuyeron de manera significativamente a diferentes temáticas de suma relevancia en el país.

“Como condiciones de mejoras de vida, acceso a los derechos humanos, acceso a los derechos públicos, participación de ciudadanía y fortalecimiento de liderazgos territoriales. Siete de las organizaciones documentadas sufrieron allanamiento ilegal, tres de ellas en 2018, una en 2019 y tres en 2020”, detalló Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más.

Subrayó que estas organizaciones contaban con personalidad jurídica otorgada por el Estado de Nicaragua, gozaban con los instrumentos de certificaciones antes del 2018, como actas constitutivas publicadas, también con las debidas publicaciones de estatutos, cedulas RUC vigentes, entre otras obligaciones.

Agregó que el Ministerio de Gobernación presentó una etapa de persecución en la que impidió y obstaculizó que estas organizaciones continuaran dándole seguimiento a su vida legal.

Por otra parte denunció que el Estado de Nicaragua ha visto fortalecido sus arcas en relaciones a cuatro millones de dólares en confiscaciones a estas 9 organizaciones y desprotegiendo a la población que ha quedado en una mayor vulnerabilidad.

“Alrededor de unas 50 mil personas anualmente, se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad que estaban siendo proporcionadas por estas organizaciones que tenían una cobertura en más de 50 municipios del país con una atención especial en la Región Norte y Caribe, dejando en el desempleo a unas 152 personas que integraban estas 9 organizaciones”, explicó Guadamuz.

Indicó que con estas cancelaciones el gobierno y el Estado de Nicaragua pretendieron adueñarse de los bienes y de los recursos económicos y desarticular el trabajo comunitario, local y territorial que tenían las organizaciones, es decir destruir el tejido social de al menos 488 colaboradores en los departamentos del país.

Katerine Ramírez, de Popol Na, agregó que estas organizaciones proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo a los sectores más vulnerables del país y que justamente se encargaban de atender algunos sectores como mujeres, zonas rurales, que apoyaban en algunos servicios básicos como educación y salud.

“Entre estas organizaciones también había asociaciones médicas que proporcionaban atenciones de salud a un costo mucho más bajo para personas de escasos recursos y que estas fueron canceladas siendo así que se arrebató un derecho a los nicaragüenses”, sostuvo Ramírez.

Aseguró que en este 2022 se aprobaron más “leyes represivas” que vienen a culminar con una demolición de la libertad de asociación. Además la Ley 1115 fue aprobada porque permite tener mayor control e institucionaliza la represión a la dinámica asociativa, luego fue reformada para que permita al Ministerio de Gobernación cancelar personería jurídica de manera directa.