Argentina quien ya dio inicio a una investigación en contra del gobierno de Daniel Ortega y funcionarios por crímenes de lesa humanidad, el pasado mes de Octubre, ha anunciado que ampliarán la indagación con la intención de investigar la responsabilidad que pudo haber tenido la funcionaria Aminta Granera Sacasa como directora de la Policía Nacional de Nicaragua durante la represión a las protestas cívicas desarrolladas en abril del 2018.
El pasado 15 de Noviembre, el Abogado argentino Dario Richarte dijo que realizaron la ampliación de las responsabilidades penales por la vulneración al derecho de la educación.
La Vulneración al derecho a la educación, como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”, así mismo la situación de los presos políticos.
El proceso que dio inicio en octubre fue secundado por una nueva denuncia a principios del mes de noviembre la cual fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y el documento fue presentada por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz, que también fue ampliada tras la violencia estatal que sufrieron comunitarios en la costa caribe nicaragüense cuando denunciaban fraude en las recientes elecciones municipales 2022.
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