Justicia Argentina investigará crímenes de lesa humanidad del Gobierno de Daniel Ortega

Sentados y rindiendo cuenta ante los tribunales internacionales, es el siguiente paso que pretende dar la Fiscalía de Argentina en contra los gobernantes nicaragüenses Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus más allegados funcionarios, luego que este martes el fiscal Eduardo Taiano impulsó una investigación ante la justicia federal argentina por delitos de lesa humanidad.

Según información del medio internacional Infobae, esta causa inició a partir una denuncia de los abogados Darío Richarte y Diego Pirota a raíz de las acciones represivas del gobierno nicaragüense en contra las manifestaciones civiles a partir de abril de 2018.

La denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py detalla el contexto social y político que se vive en Nicaragua, al menos desde 2018, basados a partir de una serie de informes e investigaciones realizadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que contabilizan más de 300 asesinados en dicho contexto.

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Esta acusación radicada en Buenos Aires solicita, entre otras cosas, que sean citados a declaración indagatoria los máximos responsables del régimen de Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares.

El juez Lijo ordenó como primera medida enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua y solicitó a la Cancillería argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”. De igual manera decidió anexar al expediente todos los informes de los organismos internacionales reseñados en la denuncia.

Entre los otros funcionarios denunciados están el jefe de la Policía de Nicaragua Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua, Oscar Mojica, Ministro de Transporte, Gustavo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Inss; Oscar Balladares, asesor presidencial; Sonia Castro, exministra de Salud y Ovidio Reyes Ramírez, director del Banco Central.

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La fiscalía explica que la justicia federal argentina está facultada para investigar estos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal por lo que está facultada para investigar esos delito, y los compromisos internacionales asumidos por Argentina que establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.