Hace 12 años, el régimen de Daniel Ortega “dio a luz” a la estrategia populista llamada “bono estudiantil solidario”, pero pocos recuerdan que nació con problemas que el régimen se vio obligado a remediar de inmediato.
Fue en diciembre de 2011 que el gobierno a través del Ministerio de Educación, Mined, ofreció entregar el Bono Complementario y Solidario para 55 mil bachilleres. La idea surgió en medio de la campaña electoral en la que el exguerrillero, ahora convertido en dictador, buscaba reelegirse para un segundo periodo continúo aunque la Constitución se lo prohibía.
En ese diciembre, después que Ortega se aseguró un segundo período de gobierno desde el 2007 que había retornado sin aquel Frente Sandinista de los años 80, los estudiantes solo recibieron 300 córdobas. Eso provocó descontento en el estudiantado, porque no se cumplió la promesa. El Mined se vio obligado a decir que hubo una confusión y que la entregarían en dos partes, primero los 300 y después los 700 córdobas. Con eso, retornó la paz a las aulas de secundaria.
Desde entonces, el bono se ha mantenido. 12 años después, este año 2023, el régimen asegura que debido a la inflación y a la carestía de la vida, la ayuda social para los bachilleres subiría a los 3.000 córdobas para ser entregados a una población de 63 mil 717 estudiantes.
Otra realidad
La adolescencia y la juventud es en Nicaragua una población altamente diezmada. Francisca por ejemplo, admite que aunque este año culmina sus estudios de secundaria, su madre ya le dijo que el siguiente paso, es buscar un trabajo porque no hay posibilidades económicas para enfrentar los costos de una universidad.
La adolescente de 17 años, es la segunda de tres hermanos. Vive con su madre en una humilde vivienda al este de la ciudad universitaria, León. La pobreza en la que viven, no les permite tener las misma aspiraciones de sus otros compañeros de clase. Ni siquiera les permite una rutina parecida. Todos los días por ejemplo, se levanta de madrugada para ayudar a su madre en los campos de cultivo, alista a su pequeño hermano y lo lleva a la escuela. Luego se traslada al colegio, a unos tres kilómetros de donde vive.
Julia, su madre, trabajó en la Zona Franca en León, pero fue despedida hace unos meses por recorte de personal. Desde entonces, se le ha dificultado conseguir un nuevo empleo por lo que ha tenido que regresar al campo a limpiar las huertas, cortar yuca y lavar ropa para ganar algo de dinero y solventar todas las necesidades del hogar, incluyendo los gastos de escuela de sus hijos.
Julia, se pregunta: ¿Cómo hacer para que sus hijos sigan formándose en medio del drama en que viven las familias pobres de Nicaragua? Su familia, como las decenas de familias en el país, han sido afectadas por el desempleo y la falta de oportunidades.
Recordó que su hijo mayor, abandonó los estudios, luego que le suspendieran la beca que logró en la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, por no participar en las actividades del partido rojinegro.
“Estudiaba Trabajo Social, pero después de las protestas de abril del 2018 ellos, los del CUUN (el consejo estudiantil universitario plegado al régimen) lo sacaban de clase para andar con el partido y nada estaba aprendiendo, no tuvo más que renunciar a perder la beca y la carrera también. Lo perdió todo por la politiquería”, se lamentó la madre.
“Bono es un parche”
Doña Julia dice que está decidida a que Francisca termine su bachillerato y luego escoja una carrera técnica “para no quedarse ahí, porque la universidad es imposible”, reitera. La joven leonesa finaliza su bachillerato con un promedio del 77 por ciento de rendimiento académico entre el grupo de 40 estudiantes de su aula, una calificación relativamente buena para una estudiante que tiene que asumir responsabilidades en el hogar.
El próximo mes de diciembre, la bachiller se promocionará, pero no está segura si participará en la ceremonia. Los gastos de promoción superan los 3 mil córdobas y aunque recibirá la ayuda del Bono Complementario y Solidario que entregará el Ministerio de Educación, a los 63 mil 717 bachilleres de los colegios públicos del país para ayudarse con los gastos, ella prefiere invertirlos en un plan para continuar estudiando.
“Tengo aspiraciones de tener una carrera”, dice. “Pero están limitados los recursos porque mi madre no tiene empleo fijo y es el único sostén de la casa. Con esa situación no podrá pagarme una universidad. Pero estoy pensando en optar por una carrera técnica, no sé, Contabilidad o Administración de Empresas, ver si puedo sabatino. Así trabajo en la semana y nos ayudamos”, comenta.
Francisca dice que el bono es una ayuda para los estudiantes de escasos recursos, sin embargo, cree que el gobierno debería mejor invertirlo para “crear oportunidades de crecer y no para gastarlo en nada, porque uno lo que hace es gastarlo”, critica la estudiante. “Soluciona en algo, pero es un parche, se gasta porque hay muchas necesidades”, dijo.
Para los bachilleres que se promocionan en el campo, la situación es aún más difícil para ir a la universidad. Alfredo, por ejemplo, un estudiante de El Sauce, cuenta que “es difícil para un joven universitario hacer presencia todos los días en las aulas para enriquecer el aprendizaje”. “La falta de recursos económicos limita a las mayorías. No se puede costear pasajes y hay otros que necesitan hasta lugar donde dormir”, explica.
“Alquilar una habitación anda por los 100 dólares y no se diga la comida. Es ahí, donde el gobierno debería invertir, en la construcción de edificios para estudiantes que llegamos de otros municipios o departamentos y garantizar la comida en los centros”, recomendó.
En deterioro y adoctrinado
Si bien el bono es una ayuda para los gastos de fin de curso en el que podrían incurrir los padres de familia con hijos estudiando, hay quienes consideran que “la ayuda solidaria” es más asistencialista y tiene un efecto limitado.
“El problema es que no soluciona mucho, más bien sirve para que las autoridades hagan propaganda, se beneficia más el sistema de gobierno porque echa andar una estrategia populista donde se aprovecha de la vulnerabilidad de miles de familias”, dice un opositor leonés que pide hacer comentarios con identidad reservada.
Pero eso no es el único problema. El más grave es el que ocurre dentro del sistema educativo en sí. Un maestro dice para este reporte, que muchos educadores son obligados a aprobar a estudiantes aunque no rindan. “Producen bachilleres por miles, la orientación que nos están dando los directores es que ningún estudiante se quede y si no aprueba, hay que rescatarlos y aprobarlos. El bono es solo una mínima parte de lo mal que anda el sistema”, señala un maestro de un instituto público de Malpaisillo, en León.
Carlos es un profesor de matemáticas que fue despedido por rehusarse a aprobar a varios estudiantes en su último año de secundaria. Dice que su director le dijo que “había una cifra proyectada de bachilleres y que el Mined esperaba que se cumplieran. Era una orden”.
“Yo dije no, porque nada sabían, iban mal todo el año y lo peor es que no les importaba, se perdían semanas en trabajos de la JS (Juventud Sandinista), con la FES, (Federación de Estudiante de Secundaria). Me despidieron y los aprobaron”, crítica el profesor que como no encontró más oportunidades laborales, ahora tiene un tramo en el mercado de su municipio.
Asegura que los maestros y estudiantes son un objeto para “este sistema opresor que ha politizado la docencia en todos los niveles académicos tanto público como privado, así, como la autonomía universitaria”, se queja. “A los maestros nos manosean y recargan de actividades políticas partidarias y eso ha hecho vulnerable al sistema educativo porque está agotando y poniendo ansioso y estresado al docente. Mire, un docente trabaja más de 12 horas sobreviviendo con un salario de 10 mil córdobas. Eso lo está arrastrando al fracaso y obligando a la deserción y migración”, dijo.
De mal en peor
Otro profesor, este si dentro del sistema, lamentó que se les quite la oportunidad a los estudiantes de superarse y profundizar en trabajos de Investigación con la metodología de la investigación para una monografía y su defensa. “A cambio les mandan a intentar un Simposio. Esto marca el entorno de un estudiante que va a la universidad porque ha perdido el interés por la formación. No investigan, no redactan, no corrigen, no piensan y es lo que lamentablemente le interesa a quien tiene el poder”, comentó el educador.
Insistió el docente en que para que el sistema mejore, es necesario trabajar en “la infraestructura, en la calidad del maestro, incentivar al estudiante, su interés por aprender y salir adelante para que garantice un futuro próspero, así como garantizar la seguridad en los padres de que sus hijos están en un colegio competitivo”, señala. “Tener buenos docentes es apostar por la formación de verdaderos hombres y mujeres que tengan cualidades pedagógicas para educar y formar jóvenes talentosos”, argumentó.
La misma opinión compartió un estudiante de último año de secundaria del Instituto Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo”, INO-León, quien criticó al sistema que busca adoctrinar a la comunidad estudiantil con actividades partidarias en horarios de clase.
“Se supone que a la escuela se viene a aprender y enseñar, pero no hacer proselitismo político. Sabemos que ellos, los maestros defienden su trabajo, pero los afectados somos nosotros porque no sabemos nada al dejar las aulas del colegio”, dijo, mientras iba obligado a la caminata en homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador, en ocasión del 47 aniversario de muerte y que organizó el régimen sandinista.
El éxodo de los chavalos, otro problema
Con la confiscación de al menos 27 universidades hasta agosto de este año y que ordenó el régimen de Daniel Ortega, se registró una de las deserciones más altas en la educación superior después de las protestas del 2018, la que encabezaron los universitarios apoyados por la gente en barrios y municipios.
Fueron miles los estudiantes que después empacaron sus maletas para exiliarse debido a la represión policial y paramilitar que ordenó el régimen como respuesta al levantamiento. En el 2023, la proyección de la matrícula alcanzó los 194.876 estudiantes en 60 universidades, 10 de ellas perteneciente al sector público y las otras 50 al sector privado, de acuerdo a registros del Consejo Nacional de Universidades que se ha plegado al régimen.
No obstante, este número disminuyó al afectar a 42.091 estudiantes que de pronto vieron como autoridades del régimen ocuparon con la fuerza policial sus centros de estudios superiores. La Universidad Centroamericana, UCA, por ejemplo fue asaltada por la dictadura y 5.000 estudiantes siguen en “el limbo educativo” todavía con la promesa que el otro año, abrirá con otro nombre después que Ortega y Murillo le echaron manos a sus instalaciones.
“Con sus acciones Ortega quiere mostrar generosidad, pero también entablar el terror. Es un mentiroso, manipulador, abusivo que se perpetuó en el poder valiéndose de sus artimañas y ahora aprovecha cualquier espacio político, ideológico educativo, ambiental y social para convencer a la juventud que es salvador de Nicaragua, pero no engaña a nadie. Son más sus daños que sus aciertos”, manifestó Alfonso Velázquez, un ex-estudiante UCA.
Aseguró que él forma parte de esa juventud que hizo temblar al régimen y que eso nadie lo olvida. “Los estudiantes sacudimos a esta dictadura, la desenmascaramos y el puede expulsarnos del país, robarse las universidades, pero ya no hay caretas, ya mostró de lo que es capaz para mantenerse en el poder”, acusó el universitario.
El régimen: “más, pero menos”
Roberto era un estudiante de segundo año de Comunicación Social de la confiscada UCA. Al ver tomada su casa de estudios, abandonó el país para exiliarse a finales del mes de octubre luego que policías vestidos de civil llegaron a buscarlo a su casa.
“Ellos andan una lista de los estudiantes de la universidad y andan controlando nuestros movimientos porque nos negamos a regresar”, denunció.
El universitario, ya no regresará más a su casa de estudios a pesar que lo llamaron para que se reintegrará a la “Casimiro Sotero”, antes UCA. “Este régimen lo que quiere es tener a una juventud borrega y callada, al servicio de sus intereses, por eso busca comprar conciencia abriendo espacios recreativos, deportivos y culturales y universidades que antes le robaron a otros”, asegura.
De los más de 12 mil bachilleres que están por graduarse en el Occidente de Nicaragua, la mayoría no tienen claro si podrán ir o no a la universidad. En tanto la UNAN de esta ciudad, comenzó a promover en las redes sociales su oferta académica, los cursos de preparación para la prueba de habilidad y aptitudes para los aspirantes a una de las 48 carreras que oferta en el pensum académico de estudio superiores en 2024.
Por otro lado, el régimen busca también “enamorar” a los bachilleres que no puedan ingresar a la universidad a tener como segunda opción carreras técnicas en el Centro Tecnológico INATEC, con ofertas de carreras en el sector industrial, hotelería, y turismo, soldadura, panadería, servicio de restaurante entre otras.
Sobre esto último, en el caso de del centro de León solo hay cupo para 200 nuevos ingresos. “Eso no se entiende, el Estado tiene más instalaciones, las que ha confiscado, pero eso no garantiza más oportunidades para los chavalos, ¿Entonces? Más de lo mismo”, critica Roberto.
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