El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se sumó a los países que condenan las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018 cuando iniciaron las protestas cívicas y donde fueron asesinados más de 350 nicaragüenses.
La decisión de Brasil se dio en medio de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se realiza desde este lunes 18 de septiembre en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.
Además, de Brasil, lideran este bloque: Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile.
En la iniciativa, los países solicitan al régimen de Nicaragua la liberación sin condiciones de los 89 opositores que están arbitrariamente detenidos. También, piden a Ortega que acepte al equipo de la Comisión de Investigación para investigar los crímenes cometidos por Ortega y sus funcionarios.
El medio de comunicación brasileño UOL, conversó con varios opositores nicaragüenses, que en calidad de anonimato aplaudieron la decisión del Gobierno de Lula, no obstante creen que el mandatario carioca podría "actuar con más fuerza" para presionar a su "aliado".
Bloque de países: Situación es aún peor
De igual forma, los países presentaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un documento en el que denuncian el cierre de más de 3 mil Organizaciones de Derechos Humanos (ONG) y el despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 opositores.
"La gente abandonó el país en masa, buscando asilo. En marzo pasado, condenamos la revocatoria arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al Gobierno", reza una parte del texto.
Asimismo, aseguran que Ortega está intensificando la represión contra la Iglesia Católica, con la detención de Monseñor Rolando Álvarez; también condenaron el cierre de 27 universidades privadas.
"Hacemos un llamado a las autoridades para que inicien la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, para permitirles el acceso a investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y para reanudar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado y el sistema interamericano de derechos humanos", refiere el texto.
Finalmente, alientan a la ONU y a instituciones financieras internacionales a intensificar los esfuerzos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos proporcionados a las autoridades del gobierno nicaragüense.
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