
A través de sus redes sociales, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols se pronunció sobre las medidas impuestas contra trece funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega.
Nichols, dijo que Estados Unidos adoptó estas medidas porque los funcionarios socavaron la democracia en Nicaragua.
"Los nicaragüenses que ejercen sus libertades básicas enfrentan represión, prisión y destierro. Este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del Gobierno suenen vacíos. El día de hoy los EEUU anuncian acciones para responsabilizar a los funcionarios nicaragüenses que debilitan la democracia", tuiteó.
El 19 de julio, día en que los sandinistas "celebraron" el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, Estados Unidos anunció medidas contra jueces, fiscales, diputados y funcionarios de instituciones que colaboraron con Ortega para el destierro y confiscación de bienes de los opositores.
Las personas incluidas en esta lista, son no elegibles para visados y la entrada a Estados Unidos y en caso de poseerla, esta será revocada inmediatamente y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos al país norteamericano.

La lista está conformada por los siguientes funcionarios:
Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República. Estados Unidos la sanciona por socavar los procesos e instituciones democráticas, así como por utilizar la Fiscalía para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia confiscando propiedades de opositores sin una base legal.
Arling Alonso, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, aparece en esta lista por socavar los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía a los opositores y críticos del Gobierno.
Gladys de los Ángeles Báez, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea, el país norteamericano la señala por socavar la democracia y por despojar a los opositores de la nacionalidad nicaragüense.
Loria Raquel Dixon, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, al igual que sus correligionarias del FSLN, socavó los procesos e instituciones democráticas y despojó arbitrariamente de la nacionalidad a 317 opositores en febrero.
Rosa Argentina Solís Dávila, Jueza del Tribunal de Apelaciones de Managua, señalada por despojar a los opositores de la nacionalidad nicaragüense y por socavar la democracia
Ángela Dávila Navarrete, Jueza del Tribunal de Apelaciones de Managua
Denis Membreño Rivas, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien además de socavar la democracia, esta siendo señalado por facilitar la confiscación de los bienes activos de 94 opositores exiliados y los 222 excarcelados.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, Subdirector de la UAF, quien utilizó su cargo para facilitar la confiscación de los bienes de los 94 opositores en el exilio y los 222 excarcelados políticos
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, Directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad, por utilizar su posición e influencia y facilitar la confiscación de las propiedades de los opositores
Eduardo Celestino Ortega Roa, Subdirector de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad
Marta Mayela Díaz Ortíz, Vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), por proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y de los excarcelados para confiscar los activos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, Subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por colaborar en la confiscación de las pensiones de los excarcelados y exiliados políticos.
Alejandro Mejía Ferrety, Tercer Secretario de la Asamblea Nacional por colaborar en el despojo de la nacionalidad de 317 opositores.
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