CEPAL revela pocos avances en la participación de las mujeres en cargos públicos en las Américas

En los últimos 45 años, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL se habla de un avance de los Estados en el desarrollo de una Agenda Regional de Género, pero este porcentaje está muy lejos de representar apropiadamente a la mayoría de la población de la región.

El principal objetivo es garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política para alcanzar la democracia paritaria en la región, el promedio de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito público se sitúa en torno al 30%.

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Participación en las alcaldías

En el último período presidencial, la cifra de ministras alcanzó un promedio de 28,7% en América Latina y el Caribe, según el último reporte del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.

Los seis países que presentan niveles superiores al promedio regional de alcaldesas sobrepasan también el porcentaje regional de concejalas: Chile, Cuba, México, Nicaragua, Suriname y Uruguay. El Estado Plurinacional de Bolivia es el único país que representa una excepción a esta tendencia.

Según la Cepal los avances en el ámbito de la participación política de las mujeres responden a las propuestas desarrolladas desde los años ochenta por el movimiento de mujeres para ampliar el marco de derechos, a las iniciativas dentro de los partidos políticos y a las acciones por los Estados para cumplir los compromisos regionales e internacionales en materia de derechos humanos, principalmente a través de reformas jurídicas (aprobación de leyes)

Sin embargo ,continúan observándose limitaciones en los avances hacia la democracia paritaria como:

• La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, que asignan a las mujeres el rol de principales responsables del trabajo de cuidados.

• La violencia contra las mujeres por razón de género en la vida pública y política.

También existe una limitada información sobre la diversidad de las personas que son electas o designadas para cargos de toma de decisiones, que no permite realizar análisis interseccionales que visibilicen las barreras adicionales a las que se enfrentan los distintos grupos de mujeres que cuentan con menos recursos, redes y tiempo disponible.

Los bajos niveles de representación de las mujeres afrodescendientes, indígenas o jóvenes, entre otras, implican también que sus intereses y necesidades quedan fuera de la agenda política o son abordados de forma marginal, con estrategias y asignación de recursos insuficientes.