CIDH valora el 2022 como un año violento para la defensa de los derechos humanos en las Américas

El mas reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que 126 personas defensoras fueron asesinadas en el 2022, por lo que reitera su llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos en las Américas.

Los países que registran victimas son; Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Guatemala. y México.

En Brasil registran al menos 8 asesinatos de personas defensoras, según información de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Colombia es el país que más asesinatos registra en el periodo mencionado, OACNDUH verificó 26 casos, y 20 que se encontrarían en proceso de confirmación. El Estado de Colombia informó a la Comisión estar investigando los casos mencionados.

En Guatemala, de acuerdo con información pública, fue asesinado Tereso Cárcamo Flores integrante de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Aldea de La Paz en el sector Jiménez, Jalapa, en diciembre. El Estado guatemalteco informó a la Comisión que se encuentra realizando la investigación penal correspondiente.

En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras en los últimos cuatro meses del 2022. En México, indican que al menos 4 personas defensoras fueron asesinadas. En Perú, OACNUDH registró el asesinato de Vilca Ampichi López, defensor ambiental indígena y jefe de la comunidad nativa de San Juan de Pachitea ocurrido en diciembre en Puerto Inca, Huánuco.

El último cuatrimestre del año registró 42 asesinatos de personas defensoras que son de conocimiento de la Comisión Interamericana, mientras que de enero a agosto fueron 84. Un gran número de estos asesinatos se cometieron en contra de personas defensoras indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente y territorios.

La CIDH llamó a los estados a investigar de forma exhaustiva cada uno de los casos, ademas deben buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.