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CIDH rechaza expulsión de sacerdotes nicaragüenses e insta al régimen a cesar la persecución religiosa


Un segundo grupo de sacerdotes fue desterrado por el régimen Ortega-Murillo hacia El Vaticano
Un segundo grupo de sacerdotes fue desterrado por el régimen Ortega-Murillo hacia El Vaticano

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la excarcelación de los dos Obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas que se encontraban detenidos por órdenes del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.


El organismo defensor de DDHH se alegró por la excarcelación de los religiosos, pero también criticó el destierro al que fueron sometidos por parte de la pareja presidencial que desde el 2018 no ha cesado en sus ataques contra la iglesia católica.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la excarcelación de dicienueve integrantes de la Iglesia Católica que se encontraban privados arbitrariamente de libertad en Nicaragua; a la vez rechaza su expulsión del país e insta al Estado a cesar la persecución religiosa y a la liberación de todas las personas presas políticas", expresa.


La CIDH destaca la liberación de Monseñor Rolando Álvarez ya que en junio de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgó medidas provisionales por la falta de atención médica en prisión y por las graves condiciones inhumanas en las que se encontraba, además exigió a Daniel Ortega la liberación inmediata.


"Desde el inicio de la crisis, en 2018, Monseñor es considerado una de las voces más críticas ante el deterioro de la situación y las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, tuvo un rol destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las protestas sociales y mantuvo de forma constante la demanda de liberación de las personas presas políticas", indica la CIDH.

De los religiosos detenidos, el Obispo de la Diócesis de Matagalpa era el único que se encontraba condenado. En febrero de 2023 tras negarse a ser desterrado hacia EEUU junto a los 222 presos políticos, el régimen lo condenó a 26 años y 4 meses de cárcel, le impuso una multa por más de 50 mil córdobas y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.



En su informe: Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, la organización señaló que la persecución contra la Iglesia Católica seguía agudizándose por las detenciones arbitrarias, encarcelamientos y expulsiones del país tanto de sacerdotes como de religiosas.

Así como por la prohibición para la realización de actos religiosos y la celebración de misas, el cierre forzado de radios católicas, universidades, entre otras acciones represivas.


La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, por lo que la CIDH reitera que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar la libertad de fe. "La Comisión exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad".

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