CIDH: Nicaragua a elecciones municipales 2022 en contexto de represión y sin garantías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dos días de celebrarse las elecciones municipales 2022 en Nicaragua expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de estas como libres, justas y competitivas en el país.

Según el organismo urge al Estado de Nicaragua restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión.

En las elecciones se renovarán más de 6 mil cargos públicos, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales, en los 153 municipios del país, estas se desarrollaran en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales, refiere el Organismo.

Detención ilegal contra opositores continúa

La Comisión constató el recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas, entre ellas, integrantes del partido del político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS). Se recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de UNAMOS en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado, ocurridos el 4 de septiembre pasado. Asimismo, se registraron al menos diez detenciones de integrantes de UNAMOS y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos.

Nicaragua desarrolla un proceso electoral exprés, segun CIDH

La CIDH recibió información sobre la reforma a la Ley Electoral, nro. 331 que fue aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional que limitaría la fiscalización por parte de la sociedad civil al proceso electoral, al establecer un proceso electoral exprés -con menos juntas receptoras de votos, la realización de la campaña electoral en 20 días y la integración de los Consejos Electorales en 5 días, todas acciones, contrarias a los estándares internacionales.

Lo anterior se sigue registrando en un contexto de cierre y cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua. En particular, por las restricciones arbitrarias contra la libertad de expresión y de asociación, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la República de Nicaragua y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil. La persecución, hostigamiento, asedio policial en contra de trabajadores de la prensa, así como el cierre de al menos 54 medios de comunicación nacionales y la creación de un cerco de censura que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país y los mas de 200 presos politicos.

La Comisión lamenta la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositoras al Gobierno.

El Estado debe garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras.