La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe titulado "Cierre del espacio cívico en Nicaragua" donde resaltan una clara tendencia en el país que buscan restringir a individuos y grupos de expresar sus opiniones, asociarse libremente, crear asociaciones o participar en la toma de decisiones en sistemas democráticos.
En el caso específico de Nicaragua aseguran que constituye uno de los casos más graves observados en la región.
"En los últimos cinco años, la CIDH ha documentado el incremento significativo de las restricciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos humanos que integran el espacio cívico, la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, estudiantes y de toda persona considerada opositora al gobierno o percibida como tal", se lee en el informe
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Asimismo, el informe señala que parte del cierre de los espacios se desarrolla desde abril de 2018, donde se ha observado una escalada cada vez más intensa de ataques y hostigamientos en contra de periodistas independientes y medios de comunicación que investigan, reportan y denuncian irregularidades gubernamentales.
El capítulo cuatro destaca que en Nicaragua, el espacio cívico se encuentra cerrado y que no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente; además prevalece una política de represión y persecución en contra de cualquier persona considerada opositora al Gobierno de Daniel Ortega.
El organismo detalla que en relación con el área de trabajo o de actividad de las organizaciones canceladas, se observa que, de las 3,390 organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y de pueblos indígenas.
Más del 50% de las organizaciones afectadas operaba fuera de la capital del país. El Estado busca monopolizar la gestión de la asistencia social y humanitaria, y controlar la cooperación internacional para ser administrada únicamente por las instituciones alienadas al Gobierno.
“se estaría sometiendo a las comunidades a permanecer en condiciones de pobreza, exclusión y sometidas a un régimen de gobierno que actúa sin ningún contrapeso”, explica el organismo.
Respecto el país de origen de las organizaciones extranjeras afectadas por la cancelación de su registro, como se aprecia en el siguiente gráfico, la CIDH observa que la mayor parte de entidades afectadas son originarias de Estados Unidos (146) y España (39), seguidas por Italia (23), Costa Rica (15) y Alemania (13).
Libertad Académica, de Expresión y de religión
Así mismo y en relación con el derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria, la CIDH fue informada que más de 37 mil estudiantes universitarios habrían sido directamente afectados por el cierre de al menos 26 universidades o centros de educación técnica y superior con más de 60 recintos en el país.
Con respecto a las Restricciones a la libertad de expresión y su impacto en el espacio cívico; concluyen que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía para ejercer el derecho a la libertad de expresión, ni las condiciones que hacen posible la efectiva participación cívica en asuntos de interés público.
Finalmente se incluye el cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua incluyendo las restricciones a la libertad de religión por la prohibición de celebraciones religiosas, la criminalización de líderes religiosos, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de órdenes religiosas y otros hechos de represión y represalia contra integrantes de la Iglesia católica debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos.
El organismo realizó varias recomendaciones para el Estado de Nicaragua como sesar todos los actos de represión y persecución contra las personas consideradas opositoras políticas y, en particular, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis iniciada en el 2018. Así mismo llama a cesar la persecución contra la Iglesia católica, las detenciones arbitrarias, confiscaciones y aquellos actos que limitan la libertad de religión de la población.
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