La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), emitieron un comunicado conjunto donde rechaza la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua.
Para la CIDH, la RELE y REDESCA, la confiscación de la universidad jesuita representa una interferencia arbitraria a la libertad académica y profundiza el cierre de espacios cívicos en Nicaragua.
"El cierre de esta universidad, además de afectar a por lo menos 5 mil estudiantes, tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto
Las organizaciones agregan que la comunidad Jesuita ha sido víctima de asedio, acoso y hostigamiento como represalia al apoyo que brindó durante las protestas cívicas de 2018 a los estudiantes y opositores.
El organismo internacional también alertó a la comunidad internacional que el cierre de universidades y espacios donde se desarrolla una actividad académica representa una represalia por "disentir de la visión ideológica" del régimen y constituye otro patrón que afecta el derecho a la libertad de asociación, restringe los derechos a la educación, la libertad académica, libertad de expresión, pluralismo de ideas, desarrollo humano y la sociedad civil.
"La CIDH, la RELE y REDESCA, urgen al Estado de Nicaragua a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efecto la cancelación de la personería jurídica de universidades y centros académicos que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso", reza textualmente el comunicado.
Finalmente, exhorta a los Estados de la región latinoamericana a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para personas estudiantes y académicas nicaragüenses afectadas mediante programas virtuales, con el fin de garantizar la continuidad de la educación.
Confiscación de facto
El pasado 16 de agosto, el régimen de Daniel Ortega a través de la jueza Gloria Saavedra ordenó confiscar los bienes muebles e inmuebles de la UCA, así como el dinero de sus cuentas bancarias tanto en dólares como en córdobas.
Dos días después el régimen creó la Universidad Nacional Casimiro Sotelo y borró todos los emblemas y nombres relacionados a la universida jesuita.
En tanto, el rector general de la compañía de Jesús emitió un pronunciamiento negando las acusaciones del régimen que señalaban a la UCA de ser un "centro de terrorismo" y de haber "organizado grupos delincuenciales" en 2018.
La compañía de Jesus, sostiene que la confiscación de facto de los bienes muebles e inmuebles y dinero de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho en búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense.
En esa misma línea, países como Estados Unidos, Colombia y Chile rechazaron esta acción e instaron a la comunidad internacional tomar acciones contra el régimen de Ortega.