En incertidumbre se encuentran estudiantes, personal administrativo y docentes de la Universidad Centroamericana (UCA), luego que se conoció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó congelar las cuentas bancarias del Alma Mater.
La información fue confirmada a la plataforma digital Divergentes por una fuente cercana al Ministerio de Gobernación (MIGOB), institución que ejecutó el congelamiento y que se ha convertido en el verdugo de más de 3 mil organizaciones, incluidas universidades.
Según la fuente, el régimen no informó si esta acción se debe a una investigación o es parte de un proceso judicial iniciado contra la universidad.
Por su parte, la UCA envió en horas de la mañana de este miércoles un correo a todos sus estudiantes y personal administrativo avisando de "inconvenientes" para recibir los respectivos pagos.
"Les informamos que por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de las instancias de la universidad", cita textualmente la comunicación.
El correo causó cierto nerviosismo en los colaboradores, docentes, estudiantes de pregrado y postgrado de la UCA, por el temor de una posible cancelación de la personería jurídica a como a ocurrido con otras universidades privadas del país.
Hasta el momento la casa de estudios superiores, una de las más antiguas y prestigiosas del país no ha emitido ninguna declaración ante lo sucedido, lo que sí confirmaron fuentes internas es que la tarde del miércoles hubo movimientos internos, organizativos y financieros con el fin de "reducir el impacto de esta medida".
Al igual que otras universidades que ya fueron canceladas por el régimen, la UCA se encuentra desde el 2021 en el proceso de evaluación que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), y según reveló una fuente a Divergentes, eso ha impedido que se actualicen formalmente sus directivas ante las instituciones bancarias.
Actualmente los estudiantes de pregrado se encuentran en las vacaciones intersemestrales, y las clases del segundo semestre darán inicio el 21 de agosto.
Esta no es la primera vez que el régimen de Ortega arremete contra la universidad por su papel durante las protestas antigubernamentales en 2018. Primeramente recortó el presupuesto del 6%, de C$251,898,512.24 que recibía antes del estallido social; luego en 2019 solo le entregaron C$184,548,747.32, hasta que finalmente lo redujo a 1 millón de córdobas.
En marzo del 2022, la UCA fue expulsada del Consejo Nacional de Universidades (CNU), lo que significó que ya no recibiría el 6% constitucional con el que apoyaba a cientos de estudiantes becados y mantenía aranceles accesibles.
Para poder mantener las becas activas, la casa de estudios superiores creó un programa de apadrinamiento, en el que las personas de buen corazón donan a un estudiante una cantidad de dinero para que pueda seguir sus clases.
Además de la asfixia económica, el régimen también ha tomado represalias contra funcionarios de la UCA, como es el caso del sacerdote José Alberto Idiaquez, que fue rector de la institución educativa desde 2014 y que en 2018 formó parte de la mesa del Diálogo Nacional. El año pasado, Migración y Extranjería se negó a renovarle el pasaporte por lo que no pudo ingresar al país.
De igual forma, la casa de estudios acogió en 2018 a manifestantes que fueron atacados en la marcha del día de las madres y tras la prohibición de manifestaciones públicas los estudiantes organizaban actividades dentro del recinto que eran sumamente vigiladas por agentes policiales y personas infiltradas.
Antes del 2018, Ortega ya tenía en la mira a la universidad ya que la presencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) ya no era permitida en la UCA.
La UCA fue fundada un 23 de julio de 1960, es la primera universidad privada que se creó en Centroamerica y forma parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús.
Por las aulas de la UCA han pasado funcionarios y diputados orteguistas, incluso los hijos de la pareja presidencial Juan Carlos y Edmundo Ortega Murillo.