• Redacción Central

Daniel Ortega, 20 años atornillado en la presidencia de Nicaragua

  • Asume otra vez la presidencia con 170 presos políticos y el reclamo de justicia por al menos 332 manifestantes muertos


La historia no le haría justicia a Daniel Ortega si lo comparan con Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle, los dictadores que él ayudó a derrocar. Él los superó: el primero fue presidente 12 años y el segundo 16. Hoy que Ortega se ciña la banda presidencial por cuarta vez consecutiva, cumple 20 años en la silla presidencial y cuando concluya su mandato en 2027, acumulará 25, nada menos y más, que un cuarto de un siglo.


En la llegada al poder tampoco hay comparación. Los Somoza encarcelaron a sus adversarios y llegaron a matar en medio de una guerra civil. Ortega asume otra vez la presidencia con 170 presos políticos y el reclamo de justicia por al menos 332 manifestantes muertos, según un último informe de actualización presentado en noviembre pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Los asesinatos ocurrieron en abril de 2018 en medio de un estallido social, no durante una guerra civil, ni ninguna revuelta armada. Pero ni a Ortega, ni a su esposa Rosario Murillo, --que repetirá con él en el poder como vicepresidenta—parece importarle. Ella, por ejemplo, que sirve de vocera de su gobierno y su partido, dijo hace unos días que el acto de hoy, es la muestra de haber vencido “un demonio”.


Los opositores organizados y no organizados han empezado a repudiar lo que pasará esta tarde y no están de acuerdo con lo que dice Murillo.


“Es una farsa, un circo”, dice Roy Molina de la Alianza Democrática Nicaragüense, ADN con sede en Washington.




El peor

Moisés Hassan, un ex compañero de guerrilla de Ortega, dice que hoy los Ortega-Murillo echan una palada final a la democracia nicaragüense, herida de muerte desde que él retornó al poder en 2007.


Hassan ve ironía en las tomas de poder del otrora guerrillero. Recuerda que cuando le impusieron la banda presidencial el 10 de enero de 1985, vistió de militar, pero nunca fue más autoritario que desde que decidió instalar una dinastía al retornar al poder hace 15 años.


“Nadie imaginó lo que venía después del regreso de Daniel Ortega y es por eso que hay un rechazo enorme”, señala Hassan.


“La familia Ortega-Murillo asume este lunes, como lo hicieron dictadores de otros tiempos; con elecciones amañadas, fraudulentas, con opositores muertos unos y presos otros. Es el peor de los dictadores que ha visto Nicaragua”, advierte Hassan.



Un analista que pide no ser identificado para este reportaje, dice que Daniel Ortega continuará al frente de un país “casi destruido por él mismo”. “Cero institucionalidad, con oficinas del Estado nada creíbles y todas politizadas, ni siquiera es creíble que él haya ganado las votaciones”, señala.


Recordó, que aunque el Consejo Supremo Electoral, (CSE), declaró ganador al partido sandinista con más del 70% de los votos, Ortega llegó a los comicios sin competidores, pues ordenó secuestro y prisión a siete aspirantes presidenciales y decapitó a los partidos opositores que parecían verdaderos.


“Si vos contás los votos y tenés el poder para apartar a tus competidores y lo hacés, los eliminás de la contienda, la competencia ya no sirve, nadie creería en los resultados y es lo que ha pasado aquí, se convierte en ilegítimo”, explica el especialista.

La dinastía

Si a alguien pareció hacerle caso Ortega en estos últimos comicios, fue al desaparecido Tomás Borge, que en una entrevista a Telesur, dijo sin empacho alguno, que el Frente Sandinista debía estar dispuesto a todo por mantenerse en el poder.


“Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder, cueste lo que cueste, digan lo que digan, no podemos perder el poder”, sentenció el fallecido fundador del partido rojinegro en vísperas de comicios anteriores al de noviembre reciente.

Hassan es de los que cree que por eso es que ni Ortega, ni Murillo esperaron a perder tiempo. Una vez que llegaron al poder en 2007 pactando con adversarios políticos para sacar prebendas y ventajas, se inició un trabajo arduo para sentar las bases para perpetuarse.

Comenzó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que más tarde, con su mayoría en la Asamblea Nacional, llevó a una reforma del artículo 147 de la Constitución Política, lo que le permite ahora reelegirse cuantas veces quiera.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estableció en agosto del año pasado que la reelección no debe ser entendida como un derecho humano, por lo que los argumentos con que Ortega logró que sus magistrados lo habilitaron para reelegirse contra lo que decía la Constitución, se desplomaron.


Pero, Ortega siguió y cuando creyó que era el momento nombró a su esposa como su vicepresidenta. “Una familia gobierna este país”, dice el analista bajo anonimato. “El papá es el presidente, la mamá la vice y los hijos son como ministros que hacen lo que ellos, Daniel y Rosario orientan”, reafirma.


A Hassan no le sorprende. Asegura que Ortega y Murillo caminaban desde hacía tiempo hacia una dinastía.


“Los hijos Ortega-Murillo empiezan a verse más en cargos como si fueran ministros, sin ser nombrados, pero con poder. El país es como una finca para esta familia, así lo administran”, acusa Hassan.




Consecuencias

En dos años de rebelión cívica, de abril de 2018 hasta abril de 2020, organismos de derechos humanos llegaron a contar más de 5 mil detenciones, las que no se detuvieron ni el día de las votaciones. Ortega mantiene en prisión a siete aspirantes presidenciales y más de un centenar de opositores entre ellos periodistas, activistas de derechos humanos y de organizaciones feministas.


Sophia Lacayo, una activista opositora de origen nicaragüense que radica en Miami, junto a Amnistía Internacional, AI, y otras organizaciones promueven este lunes en el Congreso estadounidense que se declaren prisioneros de conciencia a los presos políticos de Nicaragua y Cuba.


“El (Daniel) Ortega que asalta el poder hoy de nuevo, enfrenta la demanda de todo un pueblo, de toda la comunidad internacional, que exige la liberación de decenas de nicaragüenses que están en sus cárceles solo por pensar diferente a él”, dice Lacayo.




Ortega también asume un país desangrado de ciudadanos. Organismos que trabajan con migrantes señalan que en el caso de Nicaragua, desde mayo de 2021, unos 100 mil nicaragüenses se vieron obligados a dejar a sus familias y buscar otro país para vivir.


“Son familias desintegradas, hombres y mujeres que dejan hijos y hogar por culpa del dictador y sus medidas represivas”, agrega Lacayo sobre este tema.

Expertos en temas de migración alertaron en diciembre 2021 que al menos el 2% de la población nicaragüense habría emigrado en todo el año pasado. Muchos de ellos verán de largo, que el dictador que los sacó de su país, hoy jura para otro mandato sin que la patria haya podido reclamar por sus crímenes.



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