En la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), representantes de la Sociedad Civil aprovecharon para denunciar la violación a la Libertad Religiosa y de Expresión en la región latinoamericana y más específicamente en Nicaragua.
Rodrigo Iván Cortez, de la Coalición por la Libertad de Conciencia y Expresión de México fue uno de los que denunció la sistemática violación que ejecuta el Gobierno de Daniel Ortega al derecho a la libertad religiosa.
"En Nicaragua, se está llevando a cabo una sistemática violación del derecho a la libertad religiosa contra la Iglesia Católica, donde sus ministros de culto han sido encarcelados y condenados bajo acusaciones tan falsas como absurdas, como es el caso del Obispo Rolando Álvarez, que clama al cielo", denunció Cortez.
De igual forma, Diana Rodríguez, vocera de la Coalición Congreso Evangélico Iberoamericano, originaria de Colombia, también demandó ante los jefes de delegaciones en la OEA tomar acciones concretas contra los gobiernos autoritarios que atacan a organizaciones religiosas.
Rodríguez, recordó a la OEA el compromiso que tiene de garantizar las convivencia entre los pueblos, la armonía entre las comunidades y la libertad de los individuos. Asimismo, catalogó como "absurda" la persecución religiosa en Nicaragua.
"La persecución en Nicaragua es absurda, han expulsado líderes religiosos porque simplemente no comparten las ideas progresistas, autoritarias y dictatoriales en ese país", denunció.
A raíz de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, Daniel Ortega ha incrementado sus ataques contra la Iglesia Católica, que durante las protestas denunció las violaciones y abusos a los manifestantes.
En sus últimos discursos, Ortega ha señalado a los Obispos de la Conferencia Episcopal de ser los autores del supuesto intento de golpe de Estado. Además, producto de la persecución decenas de sacerdotes, seminaristas han decidido exiliarse.
Además, en confabulación con el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ha expulsado a órdenes religiosas y cancelado la personería jurídica de las mismas. Actualmente tres sacerdotes se encuentran en las cárceles del país, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, que está cumpliendo una condena de 26 años por cuatro delitos
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