El desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua es una crisis humanitaria que refleja la fragilidad de los derechos territoriales de los pueblos originarios en el país. Este fenómeno, que afecta particularmente a comunidades miskitas y mayangnas, ha sido impulsado por la invasión de colonos no indígenas, el saqueo de recursos naturales y la falta de una respuesta estatal adecuada.
Comunidades como Santa Clara, Wisconsin, Esperanza Río Wawa, Klisnak y Polo Paiwas han sido golpeadas severamente por esta situación. Según informes de organizaciones de derechos humanos, estas comunidades han visto cómo sus tierras ancestrales son ocupadas por colonos armados, quienes recurren a la violencia para apoderarse de tierras ricas en recursos como madera y oro. Esta dinámica no solo desplaza físicamente a las comunidades, sino que también pone en riesgo su identidad cultural y su vínculo espiritual con el territorio.
"Lo peor de todo es que en los últimos tres años se ha criminalizado la resistencia, hay líderes encarcelados porque han manifestado estar en contra de las invasiones. Las comunidades no ven una esperanza. Siempre se creía que el gobierno respondería a estos problemas, sin embargo después vino la represión, secuestros y encarcelamientos a los líderes comunales y se pierde la esperanza para resolver esta situación", explica un lider comunitario bajo la condición de anonimato.
Archivos del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) ha documentado múltiples casos de desplazamiento en la región, alertando sobre las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas. Por ejemplo en 2021, se denunció más de 60 ataques violentos contra comunidades indígenas en un periodo de cinco años, muchos de ellos perpetrados por colonos armados.
"Ha sido una situación que hasta el momento se ha extendido y desde el gobierno se ha normalizado. Lo que hacen es culpar a las mismas comunidades y población local por haber permitido las invasiones, cuando en realidad no ha sido así", denuncia el comunitario.
En este sentido Amnistía Internacional, en su informe "Crisis Territorial en la Costa Caribe de Nicaragua" (2022), destacó que el gobierno nicaragüense ha incumplido sus compromisos internacionales de proteger los derechos de los pueblos indígenas.
"Los colonos tienen contacto con los operadores políticos directamente, a través de las autoridades comunales impuestas que defienden las invasiones, entonces intentan convencer a algunos líderes y poblaciones para que negocien con los colonos el desplazamiento libre en las comunidades. Hay al menos tres o cuatro comunidades que abrieron diálogo con colonos pero el resto de comunidades comenzaron a reclamar sus derechos ancestrales. Los colonos ofrecen incentivos económicos o engaños con vicios para lograr su cometido, esto ha permitido invadir más tierras y comunidades vecinas. Aquí es donde se originan conflictos entre las comunidades porque muchos se oponen a estas negociaciones y prebendas", refiere otro dirigente local.
Aunque las leyes nicaragüenses, como la Ley 445, garantizan la autonomía y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, su implementación ha sido deficiente. Esto ha dejado a las comunidades en una posición de vulnerabilidad, obligándolas a huir de sus territorios ancestrales para buscar refugio en áreas urbanas o en otros países vecinos.
"Actualmente podemos ver en Bilwi y Waspam, por ejemplo, a muchos niños que deambulan en la noche vendiendo maní, naranjas, palomitas y otros pidiendo dinero, y esto es una muestra del desplazamiento de las comunidades a las cabeceras departamentales. Estos niños están obligados a vender o a salir a pedir ayuda económica y los hechos que les trunca las oportunidades de sus estudios", denuncia el comunitario.
El desplazamiento forzado de estas comunidades no solo es una violación de sus derechos humanos, sino también un atentado contra la diversidad cultural y ambiental de la región. "Urge una acción concertada para detener esta crisis y garantizar la protección de los pueblos indígenas de la Costa Caribe", claman los dirigentes indígenas.
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