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Amnistía Internacional: Daniel Ortega está reemplazando la prisión por el exilio forzado


Para Amnistía Internacional, Daniel Ortega está reemplazando la prisión por el exilio forzado

Amnistía Internacional (AI) se pronunció sobre el despojo de la nacionalidad y la confiscación de bienes a más de 300 opositores nicaragüenses desterrados y en el exilio forzado a raíz de la crisis sociopolítica de 2018.


Para la organización defensora de los derechos humanos, los Ortega-Murillo no han cesado en la embestida a cualquier forma de "disidencia" o "crítica" y es por ello que han denunciado como la pareja presidencial ha utilizado todas las instituciones del Estado para "amedentrar, castigar y erradicar" cualquier forma de oposición política o defensa de los DDHH.


AI considera que este 2023 hay una nueva ola de violaciones a los DDHH en la cual el Gobierno de Ortega está pretendiendo sustituir los arrestos arbitrarios con el exilio forzado.

La organización defensora de DDHH manifesta que el Gobierno Ortega-Murillo no ha cesado su embestida contra los opositores

"En esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega está pretendiendo sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos, por el exilio fozado, despojando cruelmente de derechos de cientos de nicaragüenses y reforzando su política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De igual manera, Amnistía denuncia que en los últimos cinco años, Ortega ha demostrado que está "dispuesto a todo"para imposibilitar y castigar el ejercicio de los derechos humanos, como es el caso de las reformas a artículos de la Constitución Política para "validar" el destierro de los 222 opositores hacia Estados Unidos, a los cuales se les declaró traidores y se les despojó de la nacionalidad nicaragüense.



"La calidad de apátrida impuesta en esta última semana a más de 300 personas en Nicaragua las coloca en una situación de mayor indefensión y las hace más susceptibles de ser víctimas de muchas otras violaciones a los derechos humanos, al no ser reconocidas como ciudadanas de ningún Estado. Esto provoca en su futuro inmediato el riesgo de afrontar enormes dificultades para acceder y gozar de derechos básicos tales como el empleo, la libertad de movimiento, la salud, la educación, entre otros", manifiesta AI.

Según Amnistía Internacional, desde el 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), idenficó que el Gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad en complicidad con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y grupos parapoliciales.


El organismo, hizo un "llamado urgente" a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos ante la nueva ola de tácticas represivas contra la población nicaragüense y activar todos los mecanismos disponibles para apoyar, proteger y respaldar a las personas defensoras de los DDHH y críticas al Gobierno.


"No nos cansaremos de demandarle al Gobierno de Daniel Ortega el fin de la represión, el pueblo nicaragüense no merece seguir viviendo está pesadilla ni un segundo más", finalizó Guevara Rosas.


Durante esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) leyó una resolución donde declaró a 94 opositores, la mayoría en el exilio, "traidores a la patria", que con la reforma a la Constitución Política y la nueva Ley aprobada de urgencia por diputados sandinistas, despoja de la nacionalidad a estas personas y se les confiscan sus bienes a favor del Estado.

Durante la noche del viernes y la mañana del sábado la Policía se presentó a viviendas de algunos opositores como es el caso de Sofía Montenegro, Azahalea Solís e Irlanda Jérez, para tomar posesión de estos bienes.


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