El régimen de Daniel Ortega presentó una iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional con el objetivo de reforzar las restricciones sobre el uso de drones en Nicaragua.
Aunque el uso de medios aéreos, navales y terrestres ya estaba prohibido de manera administrativa, la nueva normativa establece explícitamente la prohibición de su operación en áreas como la Presidencia, órganos del Estado, instituciones policiales y militares, objetivos estratégicos, el Ministerio del Interior y zonas de restricción aeronáutica.
La única forma de operar un dron en el país será mediante una autorización directa de la Presidencia. Quienes incumplan esta disposición enfrentarán sanciones administrativas o judiciales, según corresponda.
Adicionalmente, la propuesta de ley exige que las personas naturales o jurídicas que posean drones los entreguen en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la normativa. También se prevé la creación de una oficina de registro, dependiente del Ministerio del Interior, para el control y supervisión de estos dispositivos.
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