Senado Español propone expulsar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y CA

El Senado Español propuso este miércoles la posibilidad de expulsar o suspender a Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica como una respuesta a los más recientes abusos y violaciones a los Derechos Humanos por parte del Daniel Ortega contra opositores nicaragüenses.

La moción fue presentada por el Partido Popular, partido de derecha en España y fue discutida en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

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La propuesta insta al Gobierno español a "liderar desde la Unión Europea todas las medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio europeo, así como la congelación de bienes.

El Acuerdo de Asociación del que Nicaragua es parte, le permite exportar productos a los 27 países de la Unión Europea, sin embargo una de las dispociones primordiales para la vigencia del mismo es el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de DDHH.

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Por su parte, María del Mar Arnáiz, senadora del Partido Socialista Español (PSOE), precisó que trabajan en una hoja de ruta y una de las opciones es explorar la viabilidad y las consecuencias de la eventual expulsión o suspensión de Nicaragua , además de estudiar medidas para mitigar el impacto económico en la población nicaragüense.

Los parlamentarios españoles, también se han pronunciado ante el destierro y despojo de la nacionalidad a 317 opositores y aunque celebran la liberación de los presos polícitos, lo ven como un "falso espejismo" ya que aún hay personas en prisión.

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"Aunque se liberara a estos, toda Nicaragua está secuestrada y sigue siendo una dictadura, por lo que el objetivo de la moción es seguir poniendo foco en la situación de Nicaragua y que no se convierta en una crisis olvidada, han destacado los senadores.

Dentro de pocos meses España asumirá la presidencia de la Unión Europea, lo que permitirá intensificar las sanciones individuales como las restricciones al ingreso de ciertos funcionarios y la congelación de bienes a determinadas personas.