Fiscales demandan a Biden la anulación del parole humanitario que beneficia a Nicaragüenses

Luego del anuncio por el presidente de EE.UU Joe Biden, el pasado 6 de enero sobre el nuevo programa que hará una migración más ordenada y segura, surge una demanda suscrita por 20 fiscales de estados republicanos que solicita a un tribunal federal de Texas detener el proceso de parole humanitario con patrocinio económico que beneficia a migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

La demanda, de 39 páginas, que puede afectar el curso normal del programa de parole humanitario, fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, en Victoria, y argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "bajo el falso pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera", ha creado un nuevo programa de visados, sin respaldo de una legislación del Congreso.

Esta normativa va a permitir que hasta 360,000 inmigrantes anuales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan acceder mediante parole a EE.UU. por dos años y con derecho a permiso de trabajo.

El documento presentado en el tribunal de Texas tiene como firmantes a los fiscales generales de Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.

Entre los demandados aparecen Alejandro Mayorkas, secretario del DHS; Ur Jaddou, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Tae Johnson, director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"El poder del parole del DHS es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso en múltiples ocasiones, y solo puede utilizarse solo en caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo", señala el texto.

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La demanda propone: Suspender, posponer o prohibir preliminarmente la implementación del programa de parole.

• Se decrete que el programa de parole fue emitido en violación del debido proceso administrativo y, por lo tanto, debe anularse o, como alternativa, prohibir permanentemente que los demandados puedan implementarlo.

• Declarar que el programa de parole excede la autoridad estatutaria de los demandados para emitirlo.

• Conceder a los Estados Demandantes los honorarios de sus abogados y las costos judiciales.

• Otorgar a los Estados demandantes todas las demás reparaciones a las que puedan tener derecho.

Si se logra fijar una audiencia tan pronto como esta semana para escuchar argumentos preliminares puede congelarse temporalmente el programa mientras se ventila el caso y se adopta una decisión firme.

El abogado de inmigración Willy Allen declaró a un medio internacional que "Es absurdo que un programa concebido justamente para frenar la inmigración ilegal sea cuestionado y pidan eliminarlo quienes reclamaban controlar el flujo migratorio por la frontera", afirmó.