El 10 de enero de 2023 será llevado a la audiencia inicial Monseñor Rolando Álvarez Lagos, luego que el gobierno de Daniel Ortega lo acusara el pasado 13 de diciembre de “conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas”, cuya víctima es el Estado de Nicaragua.
Ante esta situación el Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina (OLIRE), lamentó profundamente y se solidarizó con la crisis que está pasando la iglesia Católica de Nicaragua y sus líderes religiosos ante el ensañamiento oficial.
“Monseñor Álvarez ha sido una de las voces más críticas del gobierno Ortega-Murillo desde la crisis que se suscitó en abril 2018. Por supuesto, condenamos enfáticamente esta acción injusta en su contra, lo que denota la desidia en contra de la Iglesia, pero también el afán desmedido de anular cualquier tipo de voz disidente en la sociedad civil, como lo ha demostrado especialmente a lo largo de este año 2022”, dijo una funcionaria de este organismo bajo la condición del anonimato.
La lectura que le dan a esta persecución es porque consideran que la iglesia Católica es el último bastión firme que no ha logrado silenciar el gobierno con sus medidas represivas disfrazadas de legitimidad conforme ha ido ajustando el marco legal.
Apuntan que el espiral de hostilidades en contra de la sociedad civil ha incluido suspender el financiamiento económico estatal y privado tanto nacional como internacional, censurar a los medios de prensa, criminalizar a los opositores y a los defensores de derechos humanos, así como procesar las actividades de asistencia humanitaria.
Subraya que el gobierno ha buscado crear un clima de temor y censura en el que no se contradigan sus intereses ante la posibilidad de ser arbitrariamente detenido, acusado y sentenciado, y que, aunque en gran medida se ha logrado desaparecer la presencia de la sociedad civil en el país, no han podido borrar a la Iglesia.
“Por su labor de defensa de los más vulnerables y denuncia de las injusticias y abusos cometidos por el régimen, no solo ha conservado sus niveles de aceptación, sino que incluso, los ha superado, pues muchos la identifican como la voz con más autoridad a favor del pueblo y actualmente, sobre todo por la mayor notoriedad de la persecución que ha sufrido, también se le reconoce como una víctima importante del gobierno”, señala.
La funcionaria afirma que la actividad ministerial de Monseñor Álvarez, no se ha alineado a los intereses del gobierno puesto que nunca claudicó en la defensa de las causas justas de acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia, ni en su pedido del retorno a la democracia y elecciones transparentes, tampoco en su clamor por el cese de los abusos de los derechos humanos y liberación de los presos políticos, tuvo sus consecuencias.
La persecución gubernamental contra Monseñor Álvarez, empeoró el 19 de agosto de este año, cuando la policía allanó la Curia Arzobispal de Matagalpa y se lo llevó a la fuerza junto a otros sacerdotes y laicos que lo acompañaban. Luego fue llevado al domicilio de unos familiares donde permaneció privado de libertad sin acusación durante cuatro meses.