La vocera Rosario Murillo anunció en su acostumbrada alocución de mediodía la creación de altares a la Virgen y la realización de una feria de "Todos los Santos Patronos", pese a esta "religiosidad", este año el Gobierno incrementó su arremetida contra la Iglesia Católica.
"Vamos a tener la celebración, la fiesta, la feria de todos los Santos, de los Santos Patronos, en la Avenida de Bolívar a Chávez, donde después vamos a construir, además, los altares de la Purísima, nuestra fiesta a nuestra Reina, la Virgen María, Reina de la Paz, en nuestra Nicaragua para honrarle, como todos los años", dijo la vocera gubernamental.
Pese a que Murillo anuncia con bombos y platillos la creación de estos altares y ferias en honor a la virgen María, en el mes de agosto, a través de la policía prohibió por supuestos "motivos de seguridad" que la Arquidiócesis de Managua realizara una procesión para despedir a la virgen peregrina de Fátima.
Situación similar ocurrió en el mes de septiembre, cuando autoridades policiales prohibieron la tradicional procesión de San Jerónimo, patrono de Masaya y de San Miguel. Tal situación molestó a los feligreses que ya se habían preparado para participar de este recorrido con camisetas alusivas a "Tata Chombo", de igual manera, el comisionado Juan Valle Valle y Ramón Avellán hicieron presencia en la bajada de ambas imágenes como una manera de prevenir cualquier manifestación contra el Gobierno.
En otros departamentos como Boaco y Matagalpa, la policía también prohibió por "motivos de seguridad" las procesiones de la Virgen de la Merced y San Francisco de Asís. No obstante, en la diócesis de León, que esta liderada por Monseñor René Sandigo, señalado de ser afin a Gobierno, las autoridades permitieron las manifestaciones públicas y hasta acompañaron las procesiones que se realizaron en la ciudad universitaria.
Sacerdotes Condenados y Detenidos
En el mes de junio, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, Granada, fue detenido por la policía tras una supuesta agresión a Candelaria Rivera Hernández, misma que después se retractó de la acusación y por lo cual fue condenada a cinco años de prisión por falso testimonio.
Pese a esto, el cura continúo en un juicio donde no contaba con las debidas garantías ni un juicio justo, por lo que fue encontrado culpable por el delito de "amenazas" contra cinco personas y fue condenado a dos años de prisión y 200 días multa.
El segundo en ser acusado fue Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro y vicario Episcopal de Boaco, a quien se le acusó del delito de abuso sexual en concurso real de violación en perjuicio de una menor de 14 años. Al sacerdote se le negó la posibilidad de elegir a su representante legal y fue obligado a tener un defensor público.
El vicario Episcopal fue encontrado culpable y condenado a 30 años de prisión por dos delitos de abuso sexual y una supuesta violación a una menor de edad.
Además de estos dos sacerdotes condenados otros diez se encuentran detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, uno de ellos es un sacerdote de Mulukukú que fue detenido al terminar de oficiar una Eucaristía; también están encerrados desde el mes de agosto, los curas y seminaristas que se encontraban con Monseñor Rolando Álvarez en la curia Episcopal en Matagalpa.
En tanto, Monseñor Álvarez se encuentra bajo supuesto "resguardo domiciliar" pero se desconce las condiciones en las que se encuentra, ya que el Gobierno no ha emitido ninguna declaración oficial sobre su estado de salud y anímico.
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