El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto que dispone la disolución del congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el congreso en el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta en la constitución de grave crisis política y conmoción interna.
El decreto 741 firmado por Lasso se difundió alrededor de las 07h00 (hora local). El mandatario utilizó el recurso Constitucional, contemplado el artículo 148, conocido popularmente como muerte cruzada.
En un mensaje a la nación, Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado”.
Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Esta es la primera vez que un mandatario activa este recurso.
Lasso también acusó a los legisladores de ser parte de un proyecto desestabilizador: “Resulta inaceptable que el gobierna cumpla con su agenda de 4 años en apenas 12 meses”, dijo el mandatario en referencia a que en menos de dos años de gestión a enfrentado al menos tres intentos de destitución y derrocamiento.
Con la decisión de disolver el congreso y convocar a elecciones anticipadas, Lasso deberá gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto hasta que se realicen los nuevos comicios. Lasso informó que firmó el primer decreto ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar “con el que bajamos los impuestos a las familias, a los negocios populares, a los taxistas y artesanos”, según indicó y anunció que lo enviará al alto tribunal constitucional para que emita su dictamen favorable.
Con la decisión de Lasso, los legisladores deberán abandonar sus curules. Si no lo hacen, incurrirían en desacato por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenerlos en flagrancia y obligarlos a dejar la sede del Legislativo.
INFOBAE.
Comments