top of page

Régimen abre hotel-escuela en propiedades confiscadas a opositores en San Juan del Sur


Uno de los hoteles es en la propiedad confiscada a la familia Chamorro-Barrios
Uno de los hoteles es en la propiedad confiscada a la familia Chamorro-Barrios

El régimen Ortega-Murillo consumó este viernes la confiscación de las propiedades que pertenecían a la familia Chamorro Barrios y a Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís.


Ambas propiedades fueron traspasadas al Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) para la instalación del hotel-escuela "Nicarao", que según sus autoridades atenderá a más de 600 "protagonistas".


"Esta zona turística va a poder permitir que esta escuela y los cursos y carreras en este sector pueden ser empleados... este centro está acondicionado con aulas didácticas y espacios donde se puede practicar de forma real, porque nuestro Gobierno dispone de recursos para la formación de los muchachos", dijo Walter Saenz, sudirector ejecutivo del Inatec durante la inauguración llevada a cabo este viernes


El Inatec dijo a medios oficialistas que son 11 espacios de aprendizajes con habitaciones didácticas, recepción, área administrativa, lavandería, aulas teóricas y un aula didáctica para la gestión de departamentos, bodega general de cocina, sala de docentes, batería sanitaria y área de registro académico.


De acuerdo al funcionario, el régimen invirtió más de 10 millones de córdobas para rehabilitar ambos complejos confiscados en enero de este año.




Ambos complejos confiscados en enero


El terreno donde se construyó Farallón de Sotavento fue adquirido a finales de los años 60 por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal para construir una casa familiar, que fue demolida años más tarde para dar paso al condominio que era propiedad de Pedro Joaquín, Cristiana, Claudia y Carlos Fernando Chamorro Barrios.


En 2017, los hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando vendieron su porcentaje de la propiedad a otros dueños


"Es impactante la manera en la que lo han convertido en una escuela de hotelería. Lo han pintado de colores estrafalarios", dijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios en declaraciones al diario La Prensa.
El hotel confiscado a la mamá de Rafael Solís también fue llamado Hotel-Escuela Nicarao
El hotel confiscado a la mamá de Rafael Solís también fue llamado Hotel-Escuela Nicarao

El régimen llevó a cabo la confiscación del condominio Farallones de Sotavento el pasado 29 de enero. Ese día agentes policiales llegaron al lugar y desalojaron al personal de servicio sin contar con ninguna orden judicial.


En esa misma fecha, también despojaron del Hotel Casa Blanca a Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado Rafael Solís, al igual que lo ocurrido en el condominio de la familia Chamorro-Barrios, los agentes policiales en compañía de funcionarios de la Procuraduría General de la República ordenaron a los trabajadores desalojar el lugar.

El hotel estaba a nombre de doña Rafaela de 93 años de edad desde el año 2000, cuando lo compró a su hijo Rafael, quien fue el propietario original del hospedaje.



Régimen justifica confiscaciones


La semana pasada a través de una nota de prensa de la PGR, el régimen Ortega-Murillo justificó las millonarias confiscaciones que ha realizado a opositores, empresas, organizaciones civiles, universidades, iglesias, medios de comunicación, entre otros.


Según la PGR las propiedades que han sido "traspasadas" de manera legal al Estado se han derivado de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero, por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana o la paz, o por las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior al cancelar ONG´S que supuestamente no cumplían con las leyes que las regulan.

De acuerdo a la misiva divulgada en horas de la tarde de este viernes 17 de mayo, los edificios "recuperados" han sido utilizados en "más programas especializados" de salud, educación, viviendas, arte, deporte, entre otras.



La versión del régimen se da un día después de la presentación de la investigación "La nueva piñata Ortega-Murillo" donde se detalla de cuanto se han apropiado de manera ilegal.


La investigación fue realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y Hagamos Democracia, reveló que las pérdidas por confiscación contra 36 ciudadanos nicaragüenses que además fueron nacionalizados y desterrados del país ascienden a más de 246 millones de dólares.

Commenti


bottom of page