El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más presentó el informe "Cierre del espacio cívico: Criminalización del ejercicio de la ciudadania", con el fin de recopilar desde el 2018 hasta la fecha la manera progresiva en que el gobierno de Daniel Ortega ha venido cerrando estos espacios que incluyen a las organizaciones.
Los testimonios son de personas son de defensores, activistas, periodistas, campesinos y comunidades indígenas que han tenido que realizar una movilización a causa de estos cierres.
"En el informe detallamos las leyes represivas que vienen a criminalizar derechos ciudadanos como es la libertad de asociación, (...) el informe fue elaborado bajo un contexto de creciente persecución, criminalización y violación de derechos Humanos" dijo el abogado Carlos Guadamuz quien agregó que desde que Ortega tomó el poder impuso desde las comunidades el Consejo de poder ciudadano para mantener el control desde abajo.
El informe también incluye una tipología de organizaciones por sector entre los que se encuentran:
defensores/as de Derechos Humanos.
Periodistas y medios de comunicación.
Indígenas o autonómicas.
Ciencias Políticas.
Promoción social y desarrollo
Arte, ciencia y cultura.
El proceso de cancelaciones arbitrarias de asociaciones sin fines de lucro inició en diciembre del 2018 con el cierre de 9 organismos, desde entonces se registra en el 2019 tres ilegalizadas, en el 2020 (6) en el 2021 (57) en el 2022 fueron canceladas 3,138 organismos y asociaciones. Hasta el 6 de noviembre del 2023 fueron 339 para un total de 3,552 organizaciones canceladas.
Esta cifra incluye el dato desagregado de 83 organizaciones que fueron "disueltas voluntariamente" en un contexto de hostingamiento y supresión de garantías judiciales. En el informe fueron excluidas 41 organismos que realizaron un cambio de figura jurídica presentaron convalidación.
El año 2022 fue cuando el régimen canceló la mayor parte de organizaciones de sociedad civil, este recrudecimiento obedece al interés del régimen de ocupar todos los espacios de poder política e incidencia.
Durante el 2023 el régimen continuó cerrando espacios cívicos de forma sistemática como principal estrategia ha ejecutado el control total del espacio de participación pública mediante la ilegalización.
El 15.9% de los cierres corresponden a organizaciones de promoción social y desarrollo gremiales o de producción y un 8% a organizaciones municipales.
9.3% corresponden a organizaciones religiosas el 9.9 a organismos internacionales y el 9.4% no se pudo determinar la tipología.
Está persecución incluyo los graves ataques a la libertad religiosa, caracterizado como un ataque frontal contra la iglesia católica, alcanzando incluso a la iglesia evangélica. Desde el 2018 han Sido canceladas 342 organizaciones religiosas 43 católicas, 256 evangélicas y 43 desconocidas. En el caso de las organizaciones de mujeres totalizan 203 desde el 2018.
El Abogado Carlos Guadamuz afirma que este informe se realizó desde un enfoque al derecho a la educación universitaria asi como la realidad que vive la Costa Caribe de Nicaragua.
Con la finalidad de comprender el impacto del cierre de las universidades el colectivo desarrolló un conversatorio con estudiantes y con docentes exiliados que permitió tener una aproximación del ataque a la autonomía, el uso del 6% y finalmente el cierre se 27 universidades
Concluyen que desde antes del 2018 ya se venían cerrando los espacios frente a una imposición de ideologías la anulación de la autonomía con el otorgamiento del poder al CNU.
Respecto a las universidades del Caribe señalan que no están excluidas de este control, en este caso específico se vienen desarrollando desde el 2014, la toma de estos espacios significó el entorprcimiento de la libertad de asociación estudiantil.
Finalizan recordando que es el Estado de Nicaragua quien tiene la responsabilidad de cumplir con los mandatos de Naciones Unidas sobre los derechos humanos específicamente referidas a la ilegalización de las organizaciones civiles no obstante el régimen continúa incumpliendo.
Y recuerdan que la comunidad internacional debe continuar presionando al estado para que cese de manera inmediata estas prácticas que violan de forma sistematica los derechos civiles.