Una nueva actualización del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) reveló la feroz persecución que emprendió el régimen Ortega-Murillo contra la iglesia católica y sus sacerdotes.
El informe detalla que los religiosos tanto católicos como evangélicos han sido sometidos a torturas y tratos deningrantes durante las detenciones en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) mejor conocido como El nuevo Chipote y en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.
Entre los tratos crueles están documentados largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otros detenidos, alimentación inadecuada, luz artificial, así como condiciones de aislamiento e incomunicación constantes.
Tratos crueles fueron deliberados
Tras analizar los testimonios, los expertos del GHREN determinaron que los tratos que ejercieron policías y custodios contra sacerdotes fueron "deliberados", con la intención de imponer dolores o sufrimientos graves, ya sea a nivel físico o mental.
El fin de estas prácticas crueles y denigrantes era obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas o de discriminarlas. A esto, se le suman otras acciones que van en contra de los derechos humanos como el despojo de la nacionalidad, deportaciones, persecución, encarcelamientos arbitrarios, confiscaciones, entre otras.
Con todas estas acciones denigrantes y crueles contra religiosos católicos y evangélicos, el régimen pretende suprimir todas las formas actuales o potenciales de crítica o capacidad autónoma de movilización social dentro del país por ser consideradas como una amenaza al control de la pareja presidencial
Como conclusión, el GHREN considera que el Estado debe rendir cuentas por las violaciones y los abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional descritos y examinados en el informe.
Miles de procesiones prohibidas
El informe también reveló que el régimen prohibió cerca de 7 mil 900 procesiones y actividades religiosas en dos años, en 2023 se contabilizan 3 mil 176 y en 2024 la cifra aumentó a 4 mil 800.
"el número podría ser mayor ya que no se incluyeron aquellas actividades previstas a desarrollar en otras parroquias ni en las capillas de las comunidades rurales", expresa.
A ello, le agregaran asaltos y ataques contra templos, imágenes, símbolos, procesiones y otras formas de celebraciones religiosas que constituyen restricciones arbitrarias a la libertad religiosa
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