Fue promulgada en 1987, sin embargo el cumplimiento ha sido una deuda histórica con las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua.
El 30 de octubre de 1987, Nicaragua marcó un momento crucial con la aprobación de la Ley 28, conocida como el Estatuto de Autonomía para la Región Autónoma del Atlántico Norte y Sur. Este marco legal nació en un contexto de negociaciones destinadas a pacificar un país golpeado por intensos conflictos en la década de 1980. Fue diseñada para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas que habitan en la región desde tiempos ancestrales, particularmente en la antigua Mosquitia. Sin embargo, a lo largo de los años, las demandas de estas comunidades han sido sistemáticamente incumplidas, evidenciando un patrón de desatención y vulneración de sus derechos.
Desde su promulgación, la Ley 28 se planteó como un instrumento para garantizar la autonomía política, económica y cultural de las comunidades indígenas. Sin embargo, este marco legal ha enfrentado numerosos obstáculos que han limitado su efectividad.
A pesar de que la ley establece derechos fundamentales, como el derecho a la consulta previa y el respeto a la autodeterminación, en la práctica estos derechos han sido ampliamente ignorados. Los proyectos de desarrollo y explotación de recursos en territorios indígenas a menudo se llevan a cabo sin la participación activa de las comunidades, lo que ha generado conflictos y descontento.
Promesa incumplida
Un aspecto crítico es la falta de mecanismos efectivos para garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Muchos líderes comunitarios han señalado que, a pesar de las disposiciones legales, el Estado continúa implementando políticas que no consideran las necesidades ni las aspiraciones de las comunidades.
“La autonomía es una promesa incumplida que se ve amenazada por un contexto de autoritarismo creciente”, alertó Miguel González, un profesor investigador de la Universidad de York en el contexto de elecciones regionales en Nicaragua 2024. Además enfatizó cómo los mecanismos de control del estado han cooptado las estructuras comunitarias y debilitado la voz de los pueblos indígenas.
Adicionalmente, la implementación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible y respeten la cultura de las comunidades ha sido deficiente. La Ley 28 preveía que el desarrollo debía ser planificado de manera participativa, pero las iniciativas estatales han carecido de la inclusión necesaria.
Esto ha llevado a que las comunidades indígenas sientan que sus intereses son sacrificados en favor de agendas que no les representan. Como señala un documento del Instituto de Estudios de la Autonomía, “las reformas propuestas por el régimen apuntan a desmantelar los logros autonómicos, planteando un serio riesgo para la legitimidad de los procesos democráticos en la región”.
La falta de recursos para fortalecer la gobernanza indígena es otro de los desafíos significativos. Aunque la Ley 28 contempla la creación de instancias de gobierno regional, estas estructuras a menudo enfrentan limitaciones financieras y operativas, lo que dificulta su funcionamiento. Como resultado, las comunidades dependen de un estado que a menudo no responde a sus necesidades ni prioriza sus derechos. Esta dependencia ha fomentado la sensación de que la autonomía es, en efecto, una ilusión.
Represión se ha intensificado contra comunidades
En el contexto actual, la polarización política y la represión han intensificado la crisis de autonomía. Las reformas propuestas por el régimen han generado temor entre las comunidades, que ven en ellas una amenaza directa a los logros alcanzados mediante la Ley 28.
“Las comunidades sienten que su voz ha sido silenciada y que el estado no tiene intención de respetar los acuerdos previos”, menciona un líder indígena bajo condición de anonimato.
A pesar de los obstáculos, la Ley 28 sigue siendo un punto de partida crucial para la reivindicación de los derechos indígenas en Nicaragua. Su efectividad dependerá de un compromiso real del Estado para respetar y hacer valer los derechos de las comunidades.
La comunidad internacional y los actores locales deben unirse para exigir la plena implementación de este estatuto, asegurando que las voces de las comunidades indígenas sean escuchadas y respetadas en la construcción de su futuro, explica un especialista en el tema consultados para este reporte.
"Sin un cambio significativo, las promesas de autonomía seguirán siendo una ilusión para los pueblos que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos", apunta.
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