El próximo sábado 1 de julio entra en vigor en Florida una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, candidato a las primarias republicanas de 2024, que castiga duramente la inmigración irregular en un estado con un gran dependencia de la mano de obra extranjera.
La llamada ley SB 1718 obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno, o deberá cumplir una pena de multas y de retirada de los permisos para operar, entre otras medidas draconianas y "antiestadunidenses", según la han tachado algunos de sus críticos.
Otro ejemplo de la dureza de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión. El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad, sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.
Organizaciones pro inmigrantes calculan que hay unos 400 mil indocumentados que trabajan en Florida, principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde significan 10 por ciento de la mano de obra.
La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de conducir expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.
Información EFE