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Estos son los castigos que impone la Ley SB1718 en Florida a indocumentados nicaragüenses



El pasado 1 de julio entró en vigencia en el estado Florida la ley SB1718 que castiga a migrantes indocumentados. La cuestionada ley podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin papeles entre ellos miles de nicaragüenses.


La ley exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify (una base de datos federal), si las empresas contratan a indocumentados, prevén multas de 1.000 dólares al día. Esta ley ocasionó que cientos de migrantes buscaran oportunidades en otros estados.


También obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes, de no hacerlo corren el riesgo de recibir sanciones.


La criticada ley, promulgada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, prohíbe transportar indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano. Ley SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de inmigrantes indocumentados.


Primer detenido en Florida bajo la Ley


Recientemente se conoció un caso de un mexicano que podría ser el primer detenido en Florida bajo la polémica ley.

Raquel López Aguilar, un hombre mexicano de 41 años, tuvo que detenerse por una parada de tráfico en el condado de Hernando y allí fue arrestado no solo por conducir sin licencia, sino también porque sus acompañantes eran inmigrantes indocumentados que venían desde Georgia.


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La ley fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Estatal, el pasado 10 de mayo el gobernador Ron DeSantis quien la promulgó entre el aplauso de los republicanos y entre el miedo en los rostros de unos 800,000 inmigrantes indocumentados que, se estima, viven en ese estado.

La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de conducir expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.





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