Managua repunta en casos de violaciones a la libertad de prensa



El más reciente informe del organismo Voces del Sur registra 104 casos de agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua solo en el mes de febrero 2022. Del total, 85 situaciones fueron perpetradas en contra medios de comunicación y 19 en contra de personas naturales.


Detallan que fueron 30 agresiones y ataques, 1 caso detención arbitraria, 13 casos de discursos estigmatizantes, 2 procesos civiles y penales, 1 caso de restricción al Acceso a la Información, 1 caso de restricción en Internet y 56 ocasiones en las que el Estado abusó de su poder.

Estas violaciones se realizaron mayoritariamente en Managua, con 103 casos y en Matagalpa con 1 caso.




Por segundo mes consecutivo durante el 2022, los agentes estatales encabezan la lista de agresores, seguidos por los paraestatales agresores que según las víctimas actúan con impunidad, con respaldo de las fuerzas del orden público, entidades y funcionarios de gobierno, cita el documento.



Por otro lado exponen que el 08 de febrero del presente año, el canal televisivo “Condega Visión” cerró sus puertas, convirtiéndose así, en el segundo medio en cesar operaciones en 2022. Además Hubo dos casos de agresiones contra periodistas en el mes de febrero, las víctimas solicitaron que no se hicieran públicas para evitar represalias.


EXILIO Y CENSURA


Voces del Sur también registró 6 casos de periodistas que tuvieron que exiliarse por la inseguridad que enfrentaban en el ejercicio de la práctica periodística en Nicaragua y el incremento de la judicialización por parte del gobierno en contra de la prensa independiente. La lista cada vez se hace más larga, considerando que al menos 62 periodistas han tenido que expatriarse desde junio del 2021 hasta febrero del 2022, precisa el informe.

María Flordelíz Ordóñez, periodista, fue víctima de agresiones y ataques por parte de agentes policiales y paramilitares, ya que el 11 de febrero del 2022 un paramilitar sandinista robó su celular, su dinero y la amenazó. Adicionalmente, allanaron la vivienda de la periodista sin ninguna orden judicial y la interrogaron con respecto a su labor periodística, esta sería la segunda vez que algo así le ocurre.

De igual modo, la periodista Daliana Zelaya Ocaña, fue víctima de detención arbitraria y negativa de Acceso a la Información. Así como múltiples periodistas, directores y trabajadores de medios que también se han visto expuestas a discursos estigmatizantes por parte de William Grisby, agente de propaganda del orteguismo.


A esto se le suma el uso abusivo del poder estatal en contra del Diario La Prensa y el Periódico HOY por parte de la Dirección General de Aduanas. El diario La Prensa además ha sido víctima en múltiples ocasiones de agresiones y ataques sufridos por agentes policiales y de Restricciones en Internet.


JUDICIALIZACIÓN


Dirección de Auxilio Judicial, el lugar donde se realizan los juicios contra periodistas y opositores

En el último trimestre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó tres leyes que fueron tildadas de represivas y violatorias de Derechos Humanos, entre ellas la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos bajo la cual se han acusado al menos a 10 ciudadanos considerados opositores al gobierno. Actualmente, 3 de ellos ya han sido condenados y 1 declarado culpable esperando sentencia final.


La Fiscalía condenó a 2 periodistas bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. El primero fue Miguel Mora, detenido el pasado 20 de junio de 2021 y ahora condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Mora es fundador del canal de televisión 100% Noticias, que fue cerrado y confiscado por el gobierno de Daniel Ortega en 2018.

El segundo fue Miguel Mendoza, arrestado el 21 de junio de 2021 y ahora condenado a 9 años de prisión por el mismo delito que Mora. Mendoza es cronista deportivo, con más de 30 años de experiencia. Su abogado declaró que el detenido ha permanecido en una celda de castigo desde su encarcelamiento y ha sido víctima de torturas, interrogatorios y no ha podido reunirse con su hija menor de edad.


La Fiscalía presentó como pruebas tweets y publicaciones de Facebook, en las que el cronista compartía sus opiniones sobre la coyuntura social y política del país.

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