Minería ilegal en Nicaragua evidencia corrupción institucional

Un grupo de profesionales desarrollaron el panel "Minería ilegal, corrupción y graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua", los expertos quienes han investigado el tema por años aseguran que el crecimiento de la minería ilegal ha conllevado a graves violaciones de derechos humanos, el incremento de la corrupción y el deterioro de la institucionalidad democrática.

En el caso especifico de Nicaragua la pequeña minería no tiene un marco legal jurídico que limite el actuar de los pequeños mineros y el gobierno tampoco tienen voluntad política para su regularización, aseguran.

La actividad de minería ilegal esta sirviendo como un tanque de oxígeno para el gobierno de Nicaragua y se ha convertido en un factor que le permite a las autoridades apropiarse tanto de territorios como de la necesidad y toma como sujeto de exploración a los comunitarios que les moviliza en las regiones alterando el factor social, explica Heysel Torres de la Organización Centro Humboldt.

Ni las sanciones los detienen

"Las sanciones más que un marketing político internacional para le estado a servido como una nube, al final el gobierno de Ortega-Murillo ha sabido bailar con las sanciones, ha sabido saltear y sobre todo cada sanción ha tenido una respuesta a lo interno de sus mecanismos, no solo en el tema de la legalidad interna sino desde afuera la cadena de producción que esta inmersa en la minería ilegal", dijo Torres

Agregan que en términos de impacto hay una diferencia entre la minería artesanal e industrial, esta última esta desplazando comunidades indígenas, impulsando la venta de tierras y la ilegal es una punta de lanzas para que se instalen concesiones.

El Biólogo Amaru Ruíz dijo las sanciones de Estados Unidos no han tenido efectividad y ha provocado que el gobierno y las empresas busquen otros mercados como Suiza, Emiratos Árabes y Austria.

Actualmente el gobierno ha otorgado 141 concesiones mineras dentro de Territorios Indígenas y Afrodescendientes, el 66% de la reserva de biósfera de BOSAWAS ha sido concesionada y en la reserva Indio Maíz existen al menos 3 zonas de explotación ilegal.