Monseñor Leonardo Urbina se convirtió en el segundo sacerdote en ser declarado culpable por el poder judicial por el presunto delito de abuso sexual y lesiones psicológicas contra una menor de edad.
El juicio realizado al párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Boaco estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, según explicó el abogado y exfuncionario del poder jucial Yader Morazán.
Según Morazán, una de las violaciones a los derechos del sacerdote fue que se le negó una defensa privada, los abogados siempre fueron impuestos por las autoridades, inclusó uno de ellos se descubrió que es simpatizante del FSLN.
Otra de las irregularidades es que ninguno de los agentes que participó en las investigaciones contra Monseñor Urbina se presentó a declarar en el jucio.
Familiares no han podido verlo
Desde el arresto del sacerdote el pasado 13 de julio sus familiares no han podido tener contacto con él, incluso se les fue negado el ingreso a las audiencias que se realizaron bajo puertas cerradas.
Los familiares relataron que pidieron clemenencia para poder ver a su familiar a Clarisa Ibarra, quien es la directora general de las defensorías públicas a nivel nacional pero no obtuvieron resultados positivos.
Poder Judicial contra la Iglesia
Hasta el momento van dos sacerdotes en ser declarados culpables por el Poder Judicial, el primero fue Manuel Salvador Martínez, quien fue condenado a casi 5 años de prisión por el supuestamente haber agredido a una mujer, que luego se retractó de la acusación y también fue procesada por falso testimonio.
Otro caso, es el del padre Oscar Benavidez, quien fue secuestrado un domingo luego de dar misa en la iglesia Espirítu Santo en Mulukukú.
Además, está el caso de Monseñor Rolando Álvarez, que de acuerdo a un comunicado policial, se encuentra "bajo resguardo domiciliar", pero hasta el momento se desconoce su situación jurídica.
Otros que se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial son tres sacerdotes, y dos seminaristas de la Diócesis de Matagalpa, que se encontraban en la Curia con Monseñor Álvarez al momento del operativo policial. Familiares han denunciado que no se les ha permitido conocer el estado de sus familiares ni les han aceptado alimentos ni bebidas.
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