Nicaragua aplazada: CIDH reitera más de 300 asesinados y miles de desplazados



El panorama poco o nada ha cambiado en Nicaragua, respecto a las principales violaciones de los derechos humanos en el país después de cuatro años, según el informe de balance presentado este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde detalla los resultados alcanzados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en el marco de las protestas antigubernamentales en Nicaragua iniciadas en abril de 2018.


La situación sociopolítica ha obligado a la CIDH otorgar 67 medidas cautelares en 2018; 10 en 2019; 5 en 2020; 36 en 2021 y 9 en 2022. Estas cifras destacan que, a la fecha de redacción de este informe, Nicaragua es el Estado que recibe el mayor número de solicitudes de medidas cautelares de la región, seguido por Venezuela, Colombia y México.


En ese sentido, desde el 2018 a la fecha, la Comisión ha otorgado 368 medidas cautelares a nivel regional, de las cuales 129 corresponden a personas en Nicaragua. Actualmente, el 33% de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se refieren a Nicaragua.



Dicho informe recalca que a cuatro años de conformarse el MESENI, la CIDH, reitera su solidaridad con las víctimas de la crisis sociopolítica y de derechos humanos del 2018, que dejó como resultado la muerte de al menos 355 personas, más de 2 mil personas heridas, un mil 614 detenciones, ciento de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, más de 159 expulsiones injustificadas a estudiantes universitarios, más de 150 mil personas fueron forzadas a huir del país, y la cancelación de 1,400 personerías jurídicas de diferentes organizaciones de derechos humanos.


Es preocupante que con todas esas cifras negativas, hasta la fecha el Estado de Nicaragua solamente ha cumplido con la recomendación número 3 de las observaciones preliminares de la CIDH, publicadas al concluir su visita de trabajo a Nicaragua el 2 de julio del 2018, y permitió la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y del MESENI.


Cabe destacar que el trabajo de la CIDH inició el 17 de mayo con la llegada de un equipo de este organismo a Nicaragua donde pudieron comprobar la situación en el terreno por cinco días, luego el 24 de junio se instaló el MESENI que trabajó en Managua por invitación del Estado nicaragüense, pero todo el trabajo terminó el 19 de diciembre de 2018, porque el gobierno así lo decidió, sin embargo la CIDH siguió monitoreando la situación del país desde su sede en Washington D.C. y mediante la realización de visitas de trabajo a otros países.


El MESESNI a lo largo de estos cuatro años ha estado monitoreando la crisis de Nicaragua a través de la realización de reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, que les ha permitido documentar las graves violaciones; denunciar ante la comunidad internacional; acompañar a las personas nicaragüenses que sufren afectaciones a sus derechos y se han visto forzadas a huir de su país; así como, coadyuvar en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil; y aportar en la construcción de la memoria para eventuales procesos de justicia transicional.

De tal manera que este organismo de derechos humanos como ha revelado el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el debilitamiento del Estado de Derecho y el total incumplimiento de las 258 recomendaciones formuladas al Estado nicaragüense por la Comisión en sus informes.


En este contexto la CIDH, se ha comprometido a seguir trabajando con los comunidad internacional a través del MESENI, hasta lograr la liberación de las 180 personas que permanecen privadas de libertad en condiciones, contrarias a la dignidad humana.

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