Nuevas medidas dejarían desprotegido a migrantes en Costa Rica

Mucha preocupación se percibió en el foro sobre el Impacto de los Decretos Presidenciales de Costa Rica sobre Refugio. Y es que no es para menos, pues el 30 de noviembre el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó dos decretos presidenciales para regular “duramente” la masiva migración a suelo tico, que según el mandatario, en su mayoría son “migrantes económicos” que llegan a aprovecharse de las puertas abiertas a los migrantes políticos, los cuales entrarán en aplicación a partir del primero de marzo de 2023.

Ana Quiroz, directora de CISA Costa Rica, considera que con estos decretos los migrantes de cualquier nacionalidad quedaran desprotegidos, porque quienes han salido de su país no lo hicieron por voluntad propia, sino forzados por una situación extrema.

“Lo que más me llenó de rabia es que el Presidente (Chaves) vierte una serie de afirmaciones donde prácticamente los que vienen son una partida de mentirosos y que no están huyendo, sino que vienen a trabajar. Estas declaraciones del Presidente lo que han hecho es incentivar la xenófoba, levantar más prejuicios, y generar más dificultades para la gente que ya de por si estaba en condiciones precarias”, apuntó Quiroz.

La costarricense Marcia Aguiluz defensora de derechos humanos internacionales, agregó que estas medidas pueden generar mayor informalidad de empleos y cultivar la trata de personas con el objetivo de explotación laboral.

“Sería interesante cuestionar al Estado por cuáles son las razones que motivan estas medidas, cuando a nivel internacional se habla que cuando uno restringe un derecho humano tienen que cumplirse tres requisitos: tiene que existir un fin legítimo, tiene que ser una medida necesaria en una sociedad democrática y tiene que ser proporcional, o sea el Estado tiene que demostrar que no había otra forma de restringir un derecho”, cuestionó Aguiluz.

Subrayó que en el asunto económico el Estado de Costa Rica tiene que demostrar que los migrantes están desplazando la mano de obra de los costarricenses y a nivel internacional considera que hay un claro incumplimiento de las recomendaciones de CIDH, por lo que habría que comunicarles está situación e invitar una visita de este organismo a Costa Rica poder revertir estas medidas. Daguer Hernández, ex subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, explicó que es importante que las personas refugiadas y que tuvieron verdaderas razones para salir de su país por persecución, obliguen al Estado costarricense a resolverles en el plazo razonables que establece la ley.