Gobierno hace uso ilegal de edificios ocupados a ONG´s y empresas, explica abogado

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Las instalaciones de un medio donde los periodistas trabajaban desde su cubículo y habían demás salas de prensa, actualmente son utilizadas como casa materna y el resto de las oficinas son ocupadas como comedor, sala de costura y lugar para el ejercicio de mujeres embarazadas.

Al igual que este inmueble, otros que han sido prácticamente confiscados de un tajo a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB) o la Asamblea Nacional, están siendo utilizados para actividades de otra naturaleza promovidas por el Estado.

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Según un abogado nicaragüense que prefirió el anonimato, todo este proceso de ocupación, debe de ser revisado, saber cuáles fueron las normas legales que se utilizaron, porque por un lado se cierra la figura jurídica que tienen dichas organizaciones no gubernamentales (ONG´s) o empresas, pero sus bienes le pertenecen a una sociedad la cual no tiene que ser objeto de una confiscación. De tal manera que considera que si hasta la fecha se han cerrado unas mil ongs, no es posible que se haya concluido ni siquiera una fracción de dichos procedimientos legales.

Lamentó que en el país no se pueda hacer nada para evitar la utilización de estos bienes privados, porque esta ocupación la están haciendo de hecho y no de derecho y las están usando “por sus pistolas”, por lo que consideró que es una toma ilegal porque las partes no tienen igualdad de derecho.

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“En nuestra legislación, esta figura de la Confiscación fue derogada en la época de los 90 y por lo tanto no es aplicable. Ahora, cuando se trata de bienes ilegales tomados por ejemplo del narcotráfico, lo que se hace es una incautación y esto pasa a manos del Estado. Cuando nos referimos a bienes, por ejemplo, en el caso de algunas Ongs o empresas que fueron objetos de confiscación, esto tiene que ser parte de un proceso en la cual las partes exponen sus argumentos y se llega a una conclusión legal”, explicó el jurista.

El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción y que estos bienes “pueden ser objetos de expropiación de acuerdo a la ley”, pero con “previo pago en efectivo de justa indemnización”, al final ratifica que se prohíbe la confiscación de bienes y que “los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

Entre los edificios que han sido confiscados y que en la actualidad están siendo utilizados por el gobierno de Nicaragua, están los del diario La Prensa, Ética y Transparencia, Operación Sonrisa, OEA, 100% Noticias, Ipade y fundación Popol Na.