Naciones Unidas condenó de manera enérgica la violencia contra las comunidades Mayangnas en Nicaragua que dejaron el brutal asesinato de al menos seis indígenas, graves heridas a otra persona, así como el desplazamiento de varias familias en el territorio Sauni As de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Los hechos ocurrieron el 11 de marzo del 2023, en horas de la madrugada, cuando un grupo indeterminado de colonos fuertemente armados habría asesinado con armas de fuego y armas blancas a Jesmin Jacobo Lázaro, Lenín Vilchez Patrón Flores, Alberto Castillo Palacio, Jorge Enor Palacio Samuel y Morgan Díaz Palacio, todos hombres y menores de 30 años.
Los asesinatos se produjeron cuando los colonos se dirigían a la comunidad de Wilu. Asimismo, habrían causado heridas graves a otra persona, Mario Patrón Flores, que permanece hospitalizado.
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Falta de aplicación de la ley 445
El organismo considera que los actos de violencia se enmarcan en un grave contexto de violencia sistemática de colonos no indígenas contra las comunidades indígenas en la Costa Caribe, exacerbados por la falta de aplicación de la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal con relación al saneamiento de los territorios indígenas
La norma establece cinco etapas para la demarcación y titulación de los 23 territorios indígenas y de afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. La última etapa de este proceso, denominada de saneamiento -que consiste en determinar los derechos de propiedad pretendidos por terceros dentro de los territorios titulados- aún no se habría iniciado pese al incremento de los conflictos de propiedad y las invasiones de terceros.
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Ante la gravedad y repetición de los ataques que se vienen cometiendo en la zona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había otorgado medidas cautelares el 13 de febrero de 2022 a favor de las comunidades de Wilu, Musawas y Suniwas.
La Oficina llama al Estado de Nicaragua, de conformidad con sus obligaciones internacionales, a tomar las medidas oportunas para proteger la vida de todas las personas de la comunidad de Wilu, les exhorta a investigar de manera inmediata los hechos acaecidos, e insta, además, al Gobierno de Nicaragua a avanzar en el proceso de saneamiento de tierras, garantizando el diálogo colectivo y la participación de las comunidades indígenas.
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