Un grupo de desterrados nicaragüenses denunció en un comunicado la última arremetida de Daniel Ortega en su contra, como lo fue la confiscación de sus bienes inmuebles y sociedades mercantiles registrados en Nicaragua.
Para ellos, la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), corrobora el uso sistemático del Poder Judicial como un mecanismo de represión que además carece de validez.
"La resolución que nos ocupa, lanzada meses después de la sentencia definitiva, penaliza a los 222 con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica", denuncia el comunicado.
Los firmantes manifiestan que con esta acción, se violenta otro principio universal y fundamental del derecho, el cual establece que la pena no trasciende de la persona condenada y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes.
De igual forman, expresan que los juicios en los cuales fueron condenados por delitos como Traición a la Patria y en otros casos Propagación de Noticias Falsas, fueron realizados sin el debido proceso, con pruebas fabricadas, audiencias rápidas y secretas, entre otras arbitrariedades.
Los opositores desterrados y ahora confiscados, señalan que todo esto equivale a un "linchamiento judicial" y ahora hay una "repartición del botín" y reafirma una vez más la relación entre "violación de Derechos Humanos y Corrupción".
El 9 de febrero, tras una idea de Rosario Murillo, 222 presos políticos que se encontraban detenidos arbitrariamente en varias cárceles del Sistema Penitenciario fueron desterrados hacia Estados Unidos; posteriormente, el TAM también leyó una sentencia donde despojó de la nacionalidad y confiscó los bienes de otros 94 nicaragüenses.
Comments