Gobierno de Nicaragua “no dio la cara” ante informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos



Discriminación racial, homofobia, corrupción, abuso de poder, manipulación de la justicia y graves violaciones de a los derechos humanos a los presos políticos y población protestante desde 2018, son parte del combo de acusaciones de los que fue señalado el Estado de Nicaragua por el comité de derechos humanos durante la sesión del Organismo de Naciones Unidos (ONU), realizada este miércoles en Ginebra.


Muy documentados e informados se presentaron los miembros de este comité para debatir el cuarto examen del informe periódico sobre la situación de Nicaragua, en donde el gran ausente fue la misma representación del Estado nicaragüense, a pesar de que fue invitado a comparecer ante dicha junta de expertos independientes.


“La situación es altamente preocupante ya que Nicaragua no se ha comunicado con ninguno de los órganos de Tratados donde tuvo que haber presentado un informe ante los diferentes comités. Le recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos conlleva la obligación de conformidad con el artículo 40, que los Estados remitan informes sobre las medidas adoptadas y haga efectivos los derechos recogidos en el Pacto”, dijo Photini Pazarrtzis, presidenta del Comité.

Por su parte el español Carlos Gómez, dijo que el gobierno de Nicaragua parece haber adoptado una política de no colaboración con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, además de estar ausente de las revisiones de los comités contra la tortura, derechos económicos y sociales, y el de la eliminación para la discriminación racial, y no ha cumplido con las recomendaciones del Alto Comisionado de las ONU, además ha rechazado la creación de grupos de expertos independientes.


Hernán Quezada, de Chile, expuso que tienen conocimiento que elementos armados paraestatales han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía nacional, en ataques de manifestantes, incluso en detenciones ilegales y de centenares de muertes que siguen en la impunidad, por lo que esperan un informe del Estado de Nicaragua sobre las medidas que ha adoptado para sancionar penalmente a los agentes del Estado y a los elementos armados progubernamentales involucrados en los hechos.


También se expuso sobre los informes de malos tratos y torturas contra los reos políticos de los diferentes sistemas penitenciarios, así como casos de violencia sexual contra hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas iniciadas en 2018. También se cuestionó sobre la represión contra el periodismo independiente en la que muchos comunicadores han sido perseguidos, acusados, encarcelados, exiliados y asesinado, como fue el caso de Ángel Gahona.




De igual manera aseguraron que tienen información de la falta de independencia del comité de la Verdad, Justicia, y Paz y del sistema judicial, que a la postre son progubernamental, de igual forma señalaron que de manera sistemática se han venido prohibiendo todo tipo de reuniones pacíficas, mostraron así su preocupación sobre la crisis de derechos humanos que reina en este país centroamericano.


Este comité requirió y pidió explicaciones al régimen de Daniel Ortega sobre estas graves violaciones de derechos humanos contra la población nicaragüense, sin embargo, en este sentido hubo un silencio total del Estado Parte. En innumerables foros internacionales el gobierno de Nicaragua nicaragüense ha salido aplazado en el tema de crímenes de lesa humanidad, sin que hasta la fecha responda ante los tribunales competentes.

En esta sesión se acordó que las observaciones finales sobre este informe serán enviadas al Estado de Nicaragua a través de su misión permanente para que pueda analizarlas y tenga a bien señalar cualquier inquietud, para esto tienen un plazo de 48 horas. Asimismo, la reunión acordada para este jueves por la tarde (hora de Nicaragua) quedó anulada por la no comparecencia.