El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo salió en defensa del presidente de Siria Bashar al-Assad, tras la decisión de un tribunal francés de ratificar la orden de arresto internacional por acusaciones de complicidad en crímenes de guerra durante la guerra civil de ese país.
A través de una nota de prensa divulgada en los medios oficialistas, el régimen condenó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que lidera Denis Moncada, la orden francesa que solicita la detención del mandatario sirio.
"...en una demostración más de las nefastas pretensiones de continuidad de dominio de los poderes coloniales y neocoloniales en el mundo...llamamos una vez más al respeto a la Soberanía e independencia de los países y rechazamos todas las formas de injerencia", expresa la comunicación del régimen.
La orden de Francia
Jueces de instrucción de la unidad de crímenes contra la humanidad del tribunal de París investigaron desde abril de 2021 crímenes atribuidos al régimen de Siria tras las denuncias de tres grupos de la sociedad civil, entre ellos el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión
Finalmente en noviembre de 2023, la justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra Bashar al Asad, su hermano Maher Assad, comandante de la 4ta División y otros dos generales sirios por ser cómplices en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Las acusaciones incluyen la participación en un ataque con armas químicas, específicamente gas sarín en 2013 contra suburbios de Damasco, en ese entonces ocupados por la oposición y que habrían causado un millar de muertos.
Este año, la Fiscalía Nacional Antiterrorista pidió a la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París que se anulara la orden de arresto por considerar que la inmunidad de un Jefe de Estado en ejercicio sólo puede decaer por procedimientos de jurisdicciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, y no de instancias nacionales.
La respuesta del tribunal de París fue ratificar la orden de detención, algo que ha sido catalogado como histórico.
“Es la primera vez que una corte nacional reconoce que la inmunidad personal de un jefe de Estado en funciones no es absoluta”, expresaron abogados que representaron a los denunciantes y organizaciones no gubernamentales
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