Otorgan medidas cautelares para indígenas implicados ilegalmente en masacre de Kiwakumbai del 2021

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de D.R.Z, D.A.B.A., A.C.L. e I.C.L., personas del pueblo indígena Mayangna, quienes fueron condenados irregularmente por el sistema judicial nicaragüense como autores de la masacre en Kiwakumbai.

Según testigos la masacre fue perpetrada por colonos invasores y dejó como saldo la muerte de al menos 13 indígenas del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. En el lugar fueron violadas y asesinadas dos mujeres indígenas y un niño de 6 años también ultimado por estas personas.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto del 2021 donde comunitarios se encontraban trabajando en el punto de güirisería –minería artesanal- en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna del Territorio Mayangna Sauni As, alrededor de 37 personas la mayoría de ellas indígenas Mískitu y Mayangna; a eso de las 3:00 pm un grupo de hombres armados rodearon el lugar y disparando comenzaron a atacarlos.

Varios de los sobrevivientes declararon ante la Policía Nacional que los agresores eran aproximadamente 30 hombres, mestizos o colonos, que hablaban español y vestían ropa militar, fuertemente armados con armas blancas, pistolas, escopetas, y hasta con fusilesAK-47 ("fusil automático de Kaláshnikov").

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Los indígenas detenidos y acusados de forma ilegal se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua, por lo que la CIDH decidió otorgar las medidas.

La CIDH aseguró que estos beneficiarios estarían sin recibir atención médica adecuada y oportuna, pese a padecer problemas de salud y ser objetos de constantes amenazas por parte de los custodios y de otras personas privadas de libertad.

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Las alegaciones indican que incluso fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales. Al respecto, se solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su Reglamento, quien no respondió. Por lo que el organismo llamó al estado a cesar amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario.

También llamaron al gobierno a garantizar la atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada y se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos.