La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe sobre la Pandemia y Derechos Humanos, dijo que observaron con extrema preocupación la estigmatización de la labor de periodistas que informaron acerca de la pandemia en la región, así como la utilización del derecho penal contra periodistas o personas que publicaban información relacionada con el covid.
En marzo se cumplieron tres años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de Covid-19, en el informe detallan que la Comisión documentó en varios Estados de la región situaciones de rechazo de la prensa por parte de distintas autoridades.
"Se establecieron restricciones desproporcionadas al acceso a la información, así como a la circulación de información en Internet . Asimismo, en el marco del ambiente hostil generado contra la prensa por el cubrimiento de la pandemia, la Comisión tuvo conocimiento de numerosos actos de violencia, acoso e intimidación contra periodistas y medios de comunicación", revelan .
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La Unesco había dicho que los trabajadores de los medios de comunicación que cubrieron la pandemia desde el terreno estaban particularmente expuestos al virus, además la disminución de los ingresos de los medios de comunicación, añadió más complejidad a este escenario, afectando seriamente a los puestos de trabajo de los comunicadores, la disponibilidad de equipos de protección y el suministro de capacitación en materia de seguridad sanitaria para los periodistas y sus equipos.
En el caso especifico de Nicaragua la Relatoría Especial registró declaraciones estigmatizantes contra la prensa por parte de altos funcionarios públicos. De forma particular, el gobierno publicó un documento llamado “Al pueblo de Nicaragua y al Mundo informe sobre el Covid-19 y una estrategia singular-Libro Blanco”, en el cual acusaron a los medios de comunicación de cumplir con un “terrorismo informativo”
Rosario Murillo acuso a los periodistas de atemorizar y desinformar a la población nicaragüense a través de la fabricación de noticias falsas sobre el Covid-19.
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En el informe que consta de 155 páginas recomiendan a los estados en esta materia a asegurar el acceso a la información pública y erradicar la “cultura del secreto”, y otorgar a la ciudadanía herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública, el control de la corrupción, y los abusos de actores privados y del Estado en perjuicio de los derechos humanos, en el contexto de las pandemias.
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