Normativas de Costa Rica precarizan las condiciones de inmigrantes, según Defensor de DDHH

Los decretos del presidente Rodrigo Cháves sobre el tema migratorio en Costa Rica han causado preocupación en organizaciones de sociedad civil. Gonzalo Carrión del Colectivo Nicaragua Nunca Más considera que estas normativas tienen “imprecisiones” y “precarizan las condiciones de la población nicaragüense” en esa nación.

Sobre la solicitud de permiso de trabajo y el primer reporte ante las oficinas de Migración de Costa Rica, Carrión expone que los decretos no detallan cuál será el mecanismo a utilizar. “Anteriormente el inmigrante con solo una llamada se registraba ante las autoridades costarricenses y luego se giraba una cita presencial para el inicio del trámite”, recordó.

Gonzalo Carrión defensor de DDHH expresó su preocupación ante esta nueva normativa que implementará Costa Rica

El defensor de derechos humanos expone que una vez que el solicitante recibía su permiso de trabajo este se le activaba tres meses después de la fecha de entrega. Otra preocupación es el requisito de estar inscrito a la seguridad social para que se pueda renovar el documento laboral.

“Hay casos que se expira tu Dimex (Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros) que te autoriza trabajar y en ese momento no has encontrado trabajo ¿cómo vas a hacer para la renovación del permiso?”, cuestionó Carrión.

Organismos de DDHH temen que estos nuevos requisitos creen incertidumbre en los solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua

Apuntó que esto “despierta un tema de incertidumbre y de precariedad” para la población en proceso de refugio.

Activismo afectado

Sobre la restricción de salida del país para la población solicitante de refugio, el abogado nicaragüense advirtió que esto afecta directamente el activismo social y de defensa de los derechos humanos.

“Nosotros, siendo solicitantes de refugio, hemos ido a audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar informes y otras audiencias en Washigton pero con este decreto eso ya no se puede hacer”, precisó.

Se desconoce si las autoridades costarricenses tuvieron asesoría especializada con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para implementar estas nuevas normativas.

“Nosotros como defensores de derechos humanos confiamos que Costa Rica no se aparte de esa tradición, que no ha sido casual, de coherencia entre la práctica y el compromiso de las normativas de derechos humanos internaciones y que busque apoyo en los sistema especializados que velan por los derechos humanos de la población”, finalizó.