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Protestas en Guatemala para que se respeten resultados electorales


Guatemaltecos salen a las calles para que se respeten resultados electorales
Guatemaltecos salen a las calles para que se respeten resultados electorales

Miles de guatemaltecos salieron el lunes a las calles, en medio de un ambiente de convulsión electoral que lleva casi un mes, para exigir que se respete la democracia del país tras las actuaciones fiscales y judiciales contra uno de los dos partidos que irá a segunda vuelta de las presidenciales y contra el Tribunal Supremo Electoral.


La protesta rechaza la judicialización del proceso electoral, ante los intentos de la Fiscalía de suspender al partido político Movimiento Semilla, cuyo líder, Bernardo Arévalo, se disputará la presidencia del país el 20 de agosto ante la candidata de derecha Sandra Torres. De la segunda vuelta saldrá el reemplazo del mandatario Alejandro Giammattei.


Desde la mañana del lunes varios grupos de médicos, estudiantes, trabajadores o activistas están recorriendo la zona uno de la capital guatemalteca, de forma pacífica, para mostrar su descontento con las actuaciones de la fiscalía y de las cortes del país que, según consideran, están poniendo en riesgo la frágil democracia de Guatemala.


Una de las exigencias más repetidas en las protestas que se han suscitado luego de las elecciones del 25 de junio es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por considerar que es ella la que lidera la judicialización del Movimiento Semilla.


La Fiscalía Especial contra la Impunidad, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, muy cercano a Porras, obtuvo el respaldo de una orden judicial para suspender la personería jurídica del movimiento Semilla, alegando que se constituyó como partido con presuntas irregularidades en la recopilación de firmas de afiliados.


El Ministerio Público inició una investigación y en las dos últimas semanas el juez Fredy Orellana ordenó allanar dos veces el Tribunal Supremo Electoral y emitió una orden de detención contra la autoridad que está encargada del mismo, pese a los amparos provisionales concedidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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