El régimen de Daniel Ortega anunció un "nuevo modelo" de operatividad de organismos no gubernamentales en Nicaragua que, entre otras cosas, eliminará las exoneraciones y beneficios fiscales.
"En esta lógica, ningún Programa o Proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales, de manera que se fundamenten en un estricto propósito e intención de Respeto y Solidaridad", cita el documento.
Explican que "cada ONG, en cumplimiento de todas sus obligaciones de Ley, presentará a las Entidades Públicas, a través del MINT (Ministerio del Interior) y/o de Cancillería de la República, según sea el caso, Propuestas Específicas para Programas y Proyectos de Alianzas, alrededor de Temáticas Particulares, de acuerdo a su Definición y/o Vocación", explica el documento oficial.
Asimismo resalta que "el Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las Leyes de la República".
El régimen asegura estar trabajando en
Actualización del Registro de los ONG ante Ministerio del Interior y Cancillería.
Reformas a la Ley de Concertación Tributaria (Artículo 32), para eliminar Exoneraciones y otros Beneficios Fiscales.
Reformas al Reglamento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley No. 1115, para adicionar las “Alianzas de Asociación”.
Las Personas que representen a un Organismo, con Propuesta de Alianza de Asociación, deben especificar ante el MINT y Cancillería de la República :
- Tipo de Proyecto o Programa a desarrollar
- Objetivos y Fines Específicos
- Origen del Financiamiento
- Presupuesto
- Período
- Roles y Responsabilidades de las Partes
Reformas a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Hasta que el proyecto presentado por le ONG se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, el organismo no gubernamental "podrá proponer otra (una nueva) Alianza de Asociación, conforme a su naturaleza y/o campo de acción".
Esta acción ocurre tras el cierre arbitrario y confiscación de bienes contra más de 3 mil organizaciones no gubernamentales que trabajaban en Nicaragua, como parte de una escalada represiva contra la sociedad civil, centros de pensamientos, academia, periodistas, sectores religiosos, grupos políticos y económicos que operaban en el país.
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