El régimen de Daniel Ortega ampliará la persecución política contra sus opositores en el exilio con el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua.
El texto enviado a la Asamblea Nacional plantea la modificación al artículo 16 de la Ley 641 referido al principio de universalidad. Con la reforma, las leyes penales nicaragüense alcanzará y podrá ser aplicada a "nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nacional".
En este sentido, se adicionan nuevos delitos como el financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado, delitos contra la administración pública, delito contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, tráfico de armas y municiones.
Otro de los artículos que se modificarán son el 46 y 47, referente a las penas, donde se incluye el “decomiso” de bienes y activos, es decir la confiscación a los nicaragüenses ausentes.
El sandinismo también reformará el artículo 419 donde se perseguirá a quién “promueva, solicite, gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros en contra de sus instituciones o funcionarios públicos o que de cualquier manera atente en contra las reservas económicas del país".
Como "castigo" se impondrá pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua.
Lo anterior también alcanza a quienes actúen de igual forma contra ciudadanos o empresas del sector público o privado, sean nacionales o extranjeros.
La iniciativa fue enviada este jueves a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su dictamen, luego pasará a aprobación el martes 3 de septiembre.
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