Daniel Ortega no cesa en su afán por tener bajo control cada una de las instituciones del país y la Policía Nacional, su máximo brazo represor no es la excepción.
Este martes se conoció que el mandatario envió con carácter de urgencia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una reforma al Artículo 97 de la Constitución Política, en el cual se establece el marco legal de los "azulitos" y otra a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, carrera y régimen especial de Seguridad Social de la Policía.
Para Elvira Cuadra, experta en seguridad, las dos iniciativas de reformas tienen elementos que cambian la naturaleza de la institución y realizan adiciones en el caso de las medidas disciplinarias y sanciones a los efectivos de la Policía.
Según Cuadra, las reformas que posiblemente se aprueben este miércoles en la Asamblea, se enmarcan en un contexto catalogado como la "institucionalización del estado policial", que tiene como fin legalizar una serie de medidas, de políticas de seguridad de naturaleza represiva y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense.
Y la otra tiene que ver con la modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan al marco jurídico legal.
¿Qué dicen las reformas?
El artículo 97 de la Constitución Política que será reformado por los diputados, en su mayoría de la bancada sandinista, actualmente se lee de la siguiente manera:
"La policía es un cuerpo armado, de naturaleza civil. Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención, persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia".
Ya reformado, el artículo 97 se leerá así:
"La Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al Presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares; ejercer la prevención, persecución, investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales en cumplimiento de la ley y desempeño de sus funciones".
La experta refiere que esto deja a la Policía, como un aparato o de una institución con una forma de organización con un tipo de función, estructura, completamente distinta y le da preminencia a la subordinación directa a la figura del presidente y se hace a un lado el modelo preventivo, proactivo, comunitario que resaltaba la participación de los ciudadanos.
En cuanto a las reformas a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, carrera y régimen especial de Seguridad Social de la Policía, hay modificaciones en los artículos 1, 64 y 65 y se adicionan tres nuevos que tienen que ver con deserción e incumplimiento de deberes.
Los artículos nuevos son los siguientes:
Delitos cometidos por el personal policial: Al personal policial le serán aplicados los delitos contemplados en esta ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley 641, Código Penal.
Incumplimiento de deberes: El personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión.
Deserción: El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de 2 a tres años de prisión.
Estas reformas que realizará Ortega se dan en medio de una ola de destituciones de altos mandos policiales y de noticias de que agentes han abandonado el país hacia Estados Unidos aprovechando el Parole Humanitario.
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