Acciones represivas contra la religión lejos de detenerse en Nicaragua



Desde este jueves, centenares de policías se apuestan en los alrededores de la iglesia San Jerónimo de Masaya para impedir que la población devota de este santo realice la procesión de la tradicional Octava de San Jerónimo, como parte de la represión contra la iglesia católica en Nicaragua. Esta situación de tensión que se está viviendo en esta ciudad se suma a otras actividades religiosas que se han prohibido en el país por “razones de seguridad”, según el Gobierno.


Y es que desde que Daniel Ortega regresó al poder, son innumerables los atropellos a la libertad religiosa que han documentado los organismos de derechos humanos, desde encarcelamiento y condena a sacerdotes, exilio, agresiones físicas, asedio a las parroquias, hasta prohibir procesiones en algunos departamentos, situación que también ha trastocado al sector evangélicos a los que también les prohibieron salir a marchar en la celebración del día de la Biblia el último domingo de septiembre.

Para Teresa Flores, directora del Observatorio de las Libertades Religiosas para América Latina (OLIRE), las acciones represivas del gobierno de Nicaragua contra los diferentes sectores no es ninguna novedad y que lógicamente el siguiente paso sería neutralizar también a la Iglesia, una de las últimas instituciones disidentes aun influyente y con mayor credibilidad en el país.


“Si bien la relación de la Iglesia con el gobierno ha tenido sus altos y bajos a lo largo del mandato de los Ortega-Murillo, es a partir del año 2018 que el papel de la Iglesia, como mediadora, testigo, refugio de los necesitados, crítica y denunciante de derechos humanos, ha representado una amenaza para el control absoluto que el gobierno intenta ejercer sobre todas las instancias del país. El hecho de haber logrado mantenerse en el poder después de noviembre de 2021 le ha otorgado más que nunca la confianza para continuar llevando a cabo sus acciones represivas en contra de ella”, apuntó Flores.

Menciona que la gravedad de la situación de la iglesia en Nicaragua ha trascendido porque no sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino también la ONU y el Parlamento Europeo, entre otros, han hecho un fuerte llamado de atención a las autoridades, exigiendo el respeto de derechos humanos, y condenando la represión en contra de miembros de la Iglesia Católica.

“Por otro lado, tal parece que al régimen Ortega-Murillo, toda crítica o llamada de atención de estas y otras organizaciones les resulta un acto de injerencia.  El hecho de haber solicitado su retiro de la Organización de los Estados Americanos es un indicador de la ruptura y continuación del incumplimiento del respeto de derechos humanos. En este sentido, es poco probable que las acciones en contra de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, en tanto sean voces opositoras, se detengan”, lamentó.

Subrayó que aunque son más conocidas los casos que afectan a la Iglesia Católica, no se debe ser indiferente con la situación de la iglesia evangélica. En tanto sus liderazgos sean identificados o catalogados como una voz disidente u opositora, lo más probable es que también sea objeto de hostigamiento, aunque cree que debido a la variedad de denominaciones y variedad de posturas entre sus miembros, resulta más difícil denunciar algún incidente porque la desconfianza y temor de hablar sobre ciertos temas es parte de los motivos por los que no se conocen en igual medida las dificultades a las que se encuentra expuesto el sector evangélico.


“Creo que es importante no perder de vista que esta situación es una violación directa al derecho a la libertad religiosa. Este derecho contiene múltiples dimensiones, entre ellas, el derecho a manifestar las propias creencias y las opiniones, el derecho a celebrar fiestas religiosas, a solicitar y recibir contribuciones financieras, a establecer y dirigir instituciones religiosas o humanitarias, a tener y mantener templos para el culto, entre otros, todos ellos están siendo vulnerados en este momento”, cuestionó la funcionaria.

Recalcó que es importante considerar a los líderes y grupos religiosos como una población especialmente vulnerable en estos contextos, sobre todo cuando sus mensajes y acciones, fieles a su doctrina, son catalogadas por regímenes dictatoriales, como el de Nicaragua, como una afrenta o amenaza a los intereses del gobierno.