Reconocidos sandinistas entre los testigos contra Monseñor Álvarez

Un desfile de testigos afines al gobierno de Nicaragua es lo que se prepara en las diligencias de organización del juicio contra monseñor Rolando Álvarez Lagos, según denuncia el abogado Yader Morazán, exfuncionario del sistema judicial de

este país.

Entre los testigos Morazán describe a las siguientes personas:

• Elba Marina Rayo, trabaja en radio Insurrección que opera dentro del departamento del FSLN, desde donde se dirigió la represión de abril de 2018, quien antes abrazaba a monseñor Álvarez.

• Gabriela Alejandra Rayo Castro, casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa, llamado Lalo Soza. Toda su familia se jacta de sus acciones a favor del régimen y quien posa alegre con el alcalde sancionado Zadrach Zeledón.

• Emiliano Antonio Pérez Castro, hermano del excomisionado a quien le dieron baja deshonrosa Marvin Pérez, quien después de abril fue nombrado como delegado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa, su cuñada es la jueza Sheyla Patricia Delgado Medrano, él tiene años de querer entrar al Estado.

• Josefa Azucena Jirón López, es secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa, en cuyas fotos aparece en una actividad con el alcalde Sadrach Zeledón y miembros de la policía.

• Nieves Francisco Hernández Flores, trabajaba en radio Hermanos de la Diócesis de Matagalpa, conduciendo a los sacerdotes, instalando sonido y ayudando a transmitir las misas. Actualmente trabaja como sonidista y hace el perifoneo a la Alcaldía de Matagalpa.

• Erling Francisco Picado Montoya, recientemente fue nombrado defensor público en el complejo judicial de Matagalpa. Su esposa Maritza Rodríguez fue concejal de la Alcaldía de Matagalpa y este hombre es padrastro de Krystian Pérez, quien está pidiendo asilo en Estados Unidos.

“Coincidentemente también inicia diligencia de organización de juicios en contra de los demás sacerdotes y laicos que acompañaban a monseñor Rolando Álvarez en la curia Arzobispal de Matagalpa”, señaló Morazán.

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El obispo está recluido desde el 19 de agosto del 2022, cuando agentes policiales lo sacaron contra su voluntad de la curia Arzobispal, junto a sacerdotes y laicos que lo acompañaban en ese momento. El 10 de enero de este año la juez Décimo Distrito Penal de Audiencia, Gloria Saavedra, admitió la acusación y lo remitió a juicio, cuya fecha no ha sido dada a conocer y le mantuvo la medida de prisión preventiva.

El líder religioso está siendo acusado de los supuestos delitos de “Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y Propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información en perjuicio del Estado nicaragüense”.

Entre los más de 230 presos políticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, están el obispo Álvarez, unos 15 sacerdotes, laicos, seminaristas y periodistas de la Diócesis Media, cuya mayoría son señalados bajo la Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciber Delito.