Gobierno de Nicaragua bloquea visita del Subcomité contra la Tortura de la ONU
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Gobierno de Nicaragua bloquea visita del Subcomité contra la Tortura de la ONU


Rosario Murillo y Daniel Ortega se negaron a cooperar con el subcomité de la tortura de la ONU

Debido a la falta de cooperación por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la Tortura decidió cancelar la visita que tenía prevista realizar a Nicaragua en 2023.


"Es sumamento lamentable que Nicaragua se niegue a cooperar con el subcomité en los planes de realizar nuestra segunda visita al país", expresa un comunicado firmado por Suzanne Jabbour, presidenta de este subcomité.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que los presos políticos que se encuentran en El Chipote son sometidos a Tortura Blanca

Asimismo, la instancia de las Naciones Unidas recordó que en 2009 Nicaragua ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, donde acepta establecer un mecanismo nacional de prevención independiente y se compromete a apoyar las labores de monitorización de los centros de detención por parte del subcomité


"Es la primera vez que nos encontramos con una negativa tan generalizada a la cooperación", expresó Jabbour, que ya informó de este "grave asunto" al Comité de la ONU contra la Tortura.

Familiares de presos políticos han denunciado que estos son sometidos a tratos crueles y que están sufriendo afectaciones psicológicas

Este subcomité ya había presentado un primer informe con recomendaciones al Gobierno Ortega-Murillo tras su primera y única visita a Nicaragua en el año 2014, pero su contenido se ha mantenido en secreto.


De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), el jefe de la delegación del Subcomité que visitó Nicaragua dijo que "la situaación de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante".

De igual manera, el Comité de la ONU contra la tortura ha expresado que el Gobierno nicaragüense ha sometido a los presos políticos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, ha realizado interrogatorios sin presencia de abogados, en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño.





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